ÁLVARO ELIZALDE, SECRETARIO GENERAL DEL PARTIDO SOCIALISTA CHILENO

“Hace falta una nueva Constitución”

Para el dirigente de una de las principales fuerzas de la Concertación, el auge de los movimientos sociales expresa a una nueva generación. El gran desafío, señala, es marchar hacia un nuevo horizonte de transformaciones.

Hace falta una nueva Constitución
Es necesario romper con los resabios de la dictadura e impulsar reformas laborales, tributarias y educativas, dice Elizalde.

 

Tras una prolongada experiencia de gobierno como parte de la Concertación, el Partido Socialista de Chile pasó a formar parte de la oposición a partir de 2010. En esta entrevista realizada en Santiago, y desde esa nueva perspectiva, su secretario general, Álvaro Elizalde, analiza el rumbo de la gestión encabezada por Sebastián Piñera, el crecimiento de los movimientos sociales y los desafíos que se plantea el conjunto de las fuerzas progresistas de cara a las presidenciales que tendrán lugar a fin del año próximo.

¿Qué ha cambiado en Chile con Sebastián Piñera?

–Nosotros vemos que hay un retroceso, porque este gobierno ha tenido un ciclo económico positivo, pero acompañado de una mala gestión política. Básicamente, es lo que los chilenos definimos como “el gobierno de las letras chicas”. Hace anuncios rimbombantes, acompañados de fuegos artificiales y celebración por parte del Presidente y su equipo más cercano; pero cuando uno ve su contenido específico, representan un retroceso respecto de las conquistas sociales del último tiempo. Uno de los primeros proyectos de Piñera fue un alza transitoria de tributos acompañada, al fin de su mandato, por una rebaja permanente. ¿En qué se traduce eso? En que Chile va a dejar de recaudar mucho dinero a contar del próximo gobierno y vamos a entrar en un problema de financiamiento del gasto corriente, sobre todo en el ámbito social. En segundo lugar, ha tenido un pésimo manejo con los movimientos sociales. Le cuesta dialogar, negociar, tiende a descalificar al que tiene enfrente. Pero el auge de los movimientos sociales no tiene que ver sólo con la falta de pericia política de Piñera, sino con que se ha iniciado un ciclo político distinto. Hay una nueva generación que está dispuesta a arriesgar más porque ha asumido que la democracia es sólida y no puede haber una involución autoritaria. Por tanto, se ha superado la lógica de la transición, que nos obligaba a hacer hincapié en la gobernabilidad. En tercer lugar, el gobierno de Piñera está cruzado por los conflictos de intereses: no hay ninguna autoridad, partiendo por el propio presidente de la República, que no tenga un interés particular o no haya trabajado para un grupo económico relacionado con el área bajo su administración. Y existe una duda razonable: ¿se está pensando en el interés superior de Chile o defendiendo los intereses de los grupos a los cuales representaron hasta entrar al gobierno?

El movimiento estudiantil parece el gran exponente de esta nueva generación.

–Efectivamente, pero no es el único. En la región del Aisén, donde Piñera obtuvo en la segunda vuelta presidencial casi 60% de los votos, hubo una movilización histórica por reivindicaciones de carácter local que no había acontecido nunca en esa región y el gobierno tuvo que hacer uso de la fuerza policial; estableció un verdadero estado de ocupación que, lejos de resolver el conflicto, lo profundizó con un nivel de represión que no veíamos desde el tiempo de la dictadura.

¿Cómo está conformada hoy la oposición?

–Expresa una mixtura entre lo social y lo político. En el primer caso, a través de los movimientos sociales, no sólo de los estudiantes; podría mencionar muchas movilizaciones, por el tema medioambiental, las demandas por el trato igualitario a los pueblos originarios, en torno a las minorías sexuales, que no se habían visto nunca en Chile. Hay un estado de efervescencia popular en las calles, de la que no éramos testigos desde los últimos años de la dictadura. Esos movimientos sociales tienen una mayor diversidad respecto de lo que representan los partidos políticos. Efectivamente, la Coalición a la que tradicionalmente representamos, que fue mayoritaria durante mucho tiempo, ya no es suficiente para incorporar a todos los actores que se han expresado en el último tiempo. Por eso, promovemos la unidad de la oposición, en torno a un programa de gobierno común, para derrotar a la derecha y reinaugurar un horizonte de transformaciones profundas. El gran drama de Chile es que ha crecido económicamente, ha reducido significativamente la pobreza, ha consolidado su democracia, pero sigue siendo uno de los países con la peor distribución de la riqueza en América latina.

¿En qué posición está Marco Antonio Enríquez Ominami?

–Hemos hecho un esfuerzo de arribar a un entendimiento amplio del conjunto de la oposición. De hecho, por primera vez en su historia, el Partido Comunista y la Democracia Cristiana han acordado un pacto por omisión a nivel de alcaldes para las elecciones municipales de octubre, que permite que la gran mayoría de la oposición tenga un candidato único en casi todos los municipios. Desafortunadamente, no ha estado Marco Enríquez, que está creando el Partido Progresista, el PRO; se llama igual que el de Macri. Nos gustaría que se sumara, pero, si uno ve su participación en los medios, hace básicamente una crítica hacia la izquierda y no a lo que representa el gobierno de Piñera.

Haber pasado a la oposición, ¿hizo que el Partido Socialista se replanteara su estrategia?

–Tuvimos una gran discusión respecto de la labor en el gobierno, una profunda autocrítica respecto de aquello que dejamos de hacer. Nuestro gran desafío es construir una agenda de futuro, es decir, la propuesta para los próximos 20 años y ahí, el gran tema pendiente sigue siendo la distribución de la riqueza. Para eso, hemos planteado un programa bastante profundo de transformaciones, con la necesidad de establecer una nueva Constitución, verdaderamente democrática, que nos permita superar los últimos nudos de la dictadura, que vaya acompañado de un nuevo amplio acuerdo social, que implique al menos tres grandes reformas: una laboral, para que los trabajadores puedan efectivamente sindicalizarse, negociar colectivamente y ejercer su derecho a huelga para mejorar sus condiciones laborales y sus remuneraciones; una tributaria, que permita al Estado recaudar mayores recursos y que los ricos paguen efectivamente impuestos para financiar el gasto social; y una educacional, que transforme al sistema en una herramienta de movilidad social.

¿Ven respaldo social para esos cambios?

–Vemos mayores grados de consenso social que hace un par de años, incluso un par de meses atrás, y un mayor acuerdo político en esta materia, con la sola excepción de Enríquez Ominami. Sólo vamos a ser capaces de derrotar a la derecha en la medida en que actuemos unidos, y eso implica más generosidad, menos sectarismo y acuerdos programáticos entre todos.

¿Hay consenso para que Michelle Bachelet sea la candidata de la Concertación?

–Formamos parte de una coalición que tuvo su elemento fundacional en la lucha por la recuperación de la democracia y entendemos que uno de los principales desafíos es continuar profundizando nuestro sistema democrático. Por tanto, independientemente de que Bachelet sea la candidata indiscutida, hemos planteado que el candidato de la oposición debe ser definido por primeras abiertas y vinculantes, donde participen no sólo los militantes del partido, sino también todos los ciudadanos. Y consideramos legítimo que otros levanten candidaturas alternativas. No vamos a imponer un liderazgo; queremos que los ciudadanos definan quién será nuestro representante en la próxima elección presidencial.

Guillermo F. Torremare


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