ABORTO, SALUD PÚBLICA Y JUSTICIA SOCIAL

Pese a la ampliación de derechos verificada en estos años, la despenalización sigue sujeta al veto de la dominación patriarcal y eclesiástica. Entretanto, las prácticas inseguras continúan provocando cada año miles de muertes.

Foto: Télam

Durante los últimos años, se ha producido en la Argentina una considerable ampliación de los derechos civiles, que coloca al país a la vanguardia en conquistas legislativas de tinte progresista. Las leyes de Matrimonio Igualitario (2010), de Muerte Digna (2012), de Identidad de Género (2012) y de Fertilización Asistida (2013) son algunas de las normas aprobadas que otorgaron derechos reclamados desde hace mucho tiempo. Sin embargo, la legalización del aborto continúa siendo uno de los debates más postergados en el ámbito legislativo, donde se han presentado numerosos proyectos, de los que ninguno logró superar la instancia del tratamiento en comisiones.

A pesar del avance en el uso de diferentes métodos anticonceptivos, que pudieron masificarse en sectores históricamente postergados con la aplicación del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, todavía existen mujeres que no tienen acceso a estos servicios. Incluso, estos métodos no son infalibles: según la Organización Mundial de la Salud (OMS), anualmente 33 millones de usuarias de anticonceptivos tienen embarazos no deseados en todo el mundo. Estas circunstancias conducen a que se sigan llevando a cabo un gran número de abortos, y debido a la penalización que existe en muchos países, la mayoría de ellos se realiza de manera insegura.

La falta de un marco legal que ampare a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo conlleva que éstas tengan que hacerlo de forma riesgosa, con la asistencia de personal no calificado y en sitios que no cuentan con los requisitos sanitarios mínimos. De esta manera, no sólo aumenta la cantidad de muertes maternas sino también el número de complicaciones posteriores al aborto. Cada año, según la OMS, 21 millones de mujeres se someten a abortos inseguros; de ellas, 47.000 pierden la vida y millones deben recibir atención médica posterior.

“Existen razones de tipo estructural y coyuntural por las cuales no se ha podido avanzar con la legalización del aborto en Argentina, como sí se ha logrado con otros derechos. Por un lado, se enfrenta muy estructuralmente con las relaciones patriarcales que existen dentro de la sociedad y deja al descubierto la discriminación que sufren las mu jeres. En lo coyuntural, no existe la voluntad política de impulsar y acompañar un proyecto que ampare este derecho”, destaca la socióloga Silvina Ramos, investigadora del Centro de Estado y Sociedad (CEDES).

Los artículos 85 a 88 del Código Penal nacional criminalizan a aquellas mujeres que se practiquen un aborto, como también a los profesionales de la salud que lo lleven a cabo, y fijan penas de entre seis meses y diez años de prisión. Según un informe publicado en junio de 2013 por la organización International Pregnancy Advisory Services (IPAS), entre 1990 y 2008, en Argentina, 417 personas fueron declaradas culpables por el crimen de aborto ilegal. El documento destaca que, entre 2002 y 2008, 80% de las condenas recayeron sobre los profesionales de la salud. “La falta de una legislación clara, de certidumbre jurídica y de información apropiada sobre cuál es el marco jurídico afecta el comportamiento de los prestadores de salud”, agrega Ramos.

El 13 de marzo de 2012, la Corte Suprema de Justicia dictó un fallo en el que estableció que “no resulta punible la interrupción del embarazo proveniente de toda clase de violación” y que su realización no está supeditada a la realización de trámite judicial alguno. El tribunal resaltó además que en ningún caso los médicos deben requerir autorización judicial para realizar estos abortos e instó a las provincias a que dictaran normas que reglamenten el acceso a este derecho.

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, siguiendo la recomendación de la Corte, aprobó el 29 de septiembre de 2012 la Ley 4318 que regula el aborto no punible. La norma estableció que los hospitales públicos y privados deben realizar el aborto en los casos en que el embarazo afecte la salud de la madre o sea consecuencia de una violación, y aclaró que el procedimiento debe realizarse con la voluntad de la mujer como único requisito y en un plazo de cinco días. Un mes después, Mauricio Macri vetó la ley mediante el decreto 504/2012 y provocó, de tal manera, un retroceso en los derechos que las mujeres habían obtenido mediante el debate parlamentario. En julio último, el juez Roberto Gallardo resolvió que el veto aplicado por el Jefe de Gobierno era inconstitucional y ordenó que la Ley 4318 sea publicada en el Boletín Oficial. Las marchas y contramarchas acontecidas en la ciudad pusieron de manifiesto la desprotección a la que están sometidas las mujeres que deciden realizarse un aborto, aún en aquellos casos que según la Corte no deben ser judicializados.

Uno de los sectores que históricamente se ha opuesto al aborto ha sido la jerarquía de la Iglesia Católica, que aún hoy continúa transmitiendo un mensaje reaccionario. Esa argumentación ha tenido un nuevo impulso a partir del nombramiento de Jorge Bergoglio como Papa, quien, ya como arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, había considerado “lamentable” la reglamentación de los abortos no punibles, por considerar que “el aborto nunca es una solución”. Ya en su nuevo rol de Sumo Pontífice, pidió a los organismos internacionales de justicia que se “garantice la protección jurídica del embrión”.

Sin embargo, dentro del mismo ámbito religioso, existen organizaciones como Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) que buscan promover los derechos referidos a sexualidad y reproducción de las mujeres. “Nosotras mantenemos una disidencia con la jerarquía católica en temas de moral sexual y de mujer y género en general. Somos una voz disidente con respecto a dicha jerarquía”, señala la socióloga Victoria Tesoriero, miembro de CDD. Sostiene también que el debate por el aborto es la gran deuda de la democracia con las mujeres: “Es la conquista que falta en relación con todo el proceso de ampliación de derechos que estamos viviendo”, subraya.

Según cifras del Ministerio de Salud, en la Argentina muere una mujer cada tres días por someterse a un aborto clandestino. La ilegalidad de estas prácticas no genera sólo un problema de salud pública; se trata además de una cuestión de justicia social. La mayoría de las muertes se dan entre mujeres de los sectores más vulnerables de la sociedad, ya que carecen de los recursos para realizarse los procedimientos en sitios seguros. La experiencia internacional demuestra que la legalización del aborto no sólo no aumenta el número de prácticas, sino que logra reducir exponencialmente la cantidad de muertes maternas.

Gabriel Montoya

Del otro lado del charco

En diciembre de 2012, Uruguay sancionó una ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo antes de la semana doce de gestación. “Uruguay tiene una importante tradición de laicismo en su cultura política y eso ha operado positivamente en la legalización del aborto”, afirma Silvina Ramos. La norma establece que aquellas mujeres que decidan practicarse un aborto serán asesoradas por un equipo de salud y, posteriormente, tendrán cinco días para dar su consentimiento. Las intervenciones pueden ser llevadas a cabo tanto en hospitales públicos como privados.

Tras seis meses de aplicación de la ley, el subsecretario de Salud Pública, Leonel Briozzo, informó que en ese período se realizaron 2550 abortos voluntarios, 426 por mes, y no se registró ninguna muerte ni complicación posterior. Briozzo también destacó el avance plasmado en el registro de los servicios de salud, dado que pasó de 52% a 98% el número de las instituciones que reportaron abortos. “Uruguay pudo lograr la ley porque venía con un proceso de muchos años que nosotros no tenemos, que era el modelo de reducción de riesgo y daño”, expresa a su vez Victoria Tesoriero.