CFK ENFRENTA LA OFENSIVA DE BUITRES DE ADENTRO Y DE AFUERA

Un liderazgo que redobla la apuesta

El embate golpista de un sector del capital contrasta con el renovado compromiso de un proyecto que, pese a las dificultades, sigue trabajando por el crecimiento con inclusión. Como en los buenos viejos tiempos, los candidatos opositores siguen entregando identidad y cediendo autonomía.

Un liderazgo que redobla la apuesta
En la Asamblea de las Naciones Unidas, la Presidenta denunció el sentido político de la ofensiva buitre.

 

Y por si algo faltaba, un día volvieron Cavallo y López Murphy, afortunadamente sólo a los programas televisivos de los canales del Grupo Clarín, que los convocó para reforzar la campaña destinada a convencer a todo el mundo de que no hay otro remedio que la aplicación de un brutal plan de austeridad, que no hay salida sin esa fórmula mágica del neoliberalismo que es el equilibrio fiscal, mientras denuncian el crecimiento del gasto público como quien revela la comisión de un delito de lesa humanidad. Pero el gobierno sigue invirtiendo: Cristina Fernández anunció una nueva moratoria previsional que aumentó la cobertura de 57 a 93,8 por ciento y una catarata de créditos para el consumo de bienes industriales. Con lo cual se comprueba, una vez más, que las situaciones críticas exacerban la imaginación y la capacidad de decisión del Gobierno, como lo revela la confrontación con Griesa y los buitres, y puertas adentro, la redoblada apuesta a expandir el consumo, subsidiar el trabajo y la producción nacional y, lo que es infinitamente más irritante, la sanción de una que permitirá al Estado intervenir en la formación de precios de los oligopolios de producción, una de las cuestiones cruciales en cualquier plan de contención inflacionaria y protección a la población. Por su parte, los presidenciables de la oposición prometen el recorte de impuestos y la expansión de beneficios sociales ya conquistados en los últimos años, pero se pliegan sin reservas al reclamo de contención del gasto público. Nadie pretende coherencia ni se la propone: los columnistas de La Nación y los opinadores televisivos del holding, al igual que sus economistas invitados, no toman en serio lo que dicen los presidenciables, en una tácita aceptación de que lo que se dice no será lo que se haga. Como Menem, que prometía crear 300 mil puestos de trabajo mientras se cerraban fábricas y decenas de miles de productores agrarios malvendían sus campos.

Hay un contraste notable: mientras el Gobierno, por convicción y por la fuerza de sus circunstancias, radicaliza sus propuestas y responde con iniciativas que retienen y aún amplían su base social, la oposición se vacía ideológicamente, renuncia a cualquier acumulación autónoma y apuesta a la ofensiva destituyente —nunca ese término fue tan exacto como ahora— que comandan los grandes conglomerados de comunicación. En otras palabras, si la fuerza del Gobierno está en la legitimidad ganada a diario entre los trabajadores, los pequeños y medianos productores, en los colectivos que conquistan y defienden derechos sociales y, sobre todo, en la capacidad de movilización popular, la de los partidos que le hacen el juego a los buitres radica en el sostén que le presta el “círculo rojo” del poder rentístico-financiero y sus poderosos aparatos de información y comunicación. Corroídos por la crisis de identidad que arrastran desde el derrumbe del menemismo y, poco después, del gobierno de la Alianza, hay un corrimiento generalizado de los partidos opositores hacia la derecha, empujados por su propia angurria electoral y por quienes, desde los medios, atizan una coalición que sume a todas las fuerzas no peronistas que hoy se agrupan en el FAU y el PRO para enfrentar al oficialismo. Es la culminación de un proceso de licuación de las respectivas identidades políticas, ya subsumidas en un catecismo único. La otra apuesta no luce mejor ni más viable: una federación de los gobernadores, intendentes y legisladores de la derecha peronista, que desde Menem en adelante ya no tiene diferencias sustanciales con la derecha neoliberal, como lo demuestran sus comportamientos concretos.

Entretanto, el conflicto con los fondos buitres contextúa de manera asfixiante la escena política local y se entrelaza con el impacto de la crisis mundial en la economía nacional, los efectos del bloqueo financiero y las campañas electorales tempranamente desatadas. Semejante escenario ha hecho revivir la ilusión de un final turbulento para el mandato presidencial, incluso su acortamiento, como se intentó en los peores tiempos de la violenta confrontación con los dueños de la tierra. Si al kirchnerismo se le atribuye la invención del “relato” y la desinvisibilización del poder y de la disputa por el poder a través de la palabra, ya no es posible analizar las confrontaciones políticas, sociales y culturales al margen del lenguaje en tanto lugar donde los conflictos se explicitan y las ideologías recaban su legitimación. Así, cada gesto del Gobierno, cada iniciativa y hasta los silencios de sus funcionarios son esculcados, adulterados, envilecidos por el otro “relato”, el del partido mediático, cuyas cúpulas resuelven cotidianamente cuales han de ser los objetivos, el terreno y el lenguaje de las operaciones de inteligencia y contrainteligencia. “La Presidenta imagina conspiraciones todo el tiempo”, dice Morales Solá en La Nación. ¿Pero cómo definir los contenidos de algunos canales de noticias cuya programación está íntegramente destinada a pronosticar saqueos para diciembre, mentir un paisaje con fábricas que cierran todos los días, despidos masivos, huida de capitales y un país dominado por el narcotráfico?

Los presidenciables de la oposición repiten esas frases hechas, y la virulencia de los medios no deja nada afuera de su relato: se ataca en todos los terrenos, desde cada suceso de violencia social hasta los conflictos personales de Maradona, sin olvidar el sistema de calificación de los alumnos bonaerenses. Más aún: las elecciones presidenciales de Brasil, Bolivia y Uruguay han entrado de lleno en la agitación de los grandes diarios de negocios, que se regocijan a página llena con la emergencia de una rival compitiendo con Dilma Rousseff, se desencantan con la sólida y a la vez arriesgada construcción política del gobierno de Evo Morales, que le augura una alta aprobación popular, mientras apuestan a la derrota del otrora tan elogiado candidato del Frente Amplio uruguayo, Tabaré Vázquez. Nada es inocente: después de todo, el Mercosur está, desde hace rato, en la mira de la agresiva estrategia comercial de los países centrales.

La sentencia del juez neoyorquino Thomas Griesa, refrendada por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, forzó al país a un mayor protagonismo en la agenda mundial a partir de su inesperada resistencia a un fallo que amenaza demoler todo lo que se ha construido a partir de la reestructuración de 2005. La estrategia del gobierno de politizar el conflicto, que lo llevó a los foros internacionales y lo denunció como una amenaza universal a derechos sociales básicos, introdujo un debate que involucra al destino y la suerte de países y sociedades justamente cuando el sistema económico mundial atraviesa una situación sumamente crítica. La confrontación con el capitalismo financiero en su versión más predatoria ha adquirido, de múltiples maneras y formas, una pregnancia extraordinaria a partir del estallido de la crisis en Wall Street en 2008, prolongada hasta nuestros días pese al optimismo de los que anuncian, una y otra vez, que la debacle está tocando a su fin.

Ocurre que el proceso que comenzó en 1981, cuando Ronald Reagan autorizó el ingreso al circuito de la especulación financiera de los fondos de pensión y de ahorro de los ciudadanos estadounidenses, dio lugar, gracias a la revolución de las tecnologías de la información y la comunicación, a una ola desenfrenada de especulación financiera mundial en detrimento de la economía productiva. La multiplicación del dinero virtual hasta cifras sideralmente superiores al valor de la producción real produjo ganancias multimillonarias, mientras que en los países periféricos los préstamos hostiles, contraídos principalmente por gobiernos dictatoriales, culminaron en los programas de privatización y el traslado masivo de salario social —en primer lugar, de los fondos previsionales y, en países como Chile y Colombia, los de salud y educación— al circuito financiero.

Esa etapa está lejos de llegar su fin. La crisis europea, que ya no solo afecta a sus economías más débiles sino al corazón de la UE, es encarada con los mismos programas que aquí se aplicaron y que produjeron la devastación social de los 90. Pero, de 2003 a la fecha, el escenario local y mundial ha cambiado sustancialmente. En nuestra América, hay un conjunto de gobiernos populares que han recuperado soberanía y aplican políticas y programas autónomos de las oligarquías locales y del capital financiero internacional. Hay nuevos organismos que amplían la representatividad global de la región, como Unasur y Celac, y que han abierto canales de integración que están alimentando una identidad común sin abdicar de una rica diversidad étnica y cultural. Estos lazos se han fortalecido y nuestros países adquieren una creciente relevancia internacional. En particular, la Argentina construyó un fuerte liderazgo mundial en materias como derechos humanos y legislación social, a la vez que desplegó un rol sobresaliente en el proceso de integración latinoamericana. De ahí que frente a la ofensiva de los fondos buitres el país haya contado con una inédita solidaridad, aun en países que, con la solitaria excepción de México, son parte de la coalición del Pacífico, que encabeza Estados Unidos y que rivaliza abiertamente con el Mercosur y los BRICS.

El 25 de febrero de 2005, cuando la Argentina acababa de lanzar la propuesta de reestructuración de la deuda pública que estaba en cesación de pagos desde diciembre de 2001, Néstor Kirchner fustigaba a los gurús económicos locales que auguraban el fracaso de la oferta de canje, opinaban que era ridículo esperar la adhesión de un número significativo de acreedores con semejante quita y aconsejaban mejorar la oferta monetaria y prolongar la fecha tope de aceptación para los bonistas, que el gobierno había fijado para el 25 de ese mismo mes. Con su legendario apasionamiento, el entonces presidente fustigaba a los agoreros, que cuando el país se endeudaba sin medida “no levantaban la vista, no veían la exclusión social, el empobrecimiento de nuestros sectores medios, el quiebre de la estructura productiva, la pérdida global del país y el desguace que sufrió esta Argentina”. Y agregaba: “La deuda forma parte del drama que ellos mismos crearon, porque fueron funcionarios de todos los gobiernos desde 1976. Sí señor Solanet, usted fue funcionario de todos los gobiernos”... También se refirió entonces a los “editorialistas de diarios importantes que acompañaron en su momento a procesos nefastos y después nos decían que ‘cómo no honrábamos nuestra deuda’.”

Hoy, ocho años después, esa condena ética y política tiene plena vigencia. Lo novedoso es que la contradicción entre democracia y poder financiero ha alcanzado visibilidad mundial, estimulando una polarización que ya nadie puede ignorar. Y la Argentina es protagonista principal de este proceso.

 

Dardo Castro


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