UN BALANCE DE 30 AÑOS DE LUCHAS EN DEMOCRACIA

Nuevos derechos, otros desafíos

Las mujeres han logrado innegables avances, pero el camino hacia la igualdad demanda acortar aún más la distancia entre la casa y la plaza. La despenalización del aborto está entre las máximas prioridades.

Nuevos derechos, otros desafíos
Se necesitan medidas de acción positiva y poner el foco con urgencia en la esfera laboral, sostiene Barrancos.

Foto: Télam

En treinta años de democracia, resultan innegables los avances de las prerrogativas de las mujeres, posibles gracias a la agitación de las feministas, a su participación directa en los escaños legislativos y a los aliados —varones y mujeres— que contribuyeron a conmover los cimientos del orden patriarcal. El divorcio vincular, en 1987, y la patria potestad compartida, en 1985, impactaron en el camino de la independencia femenina. La reforma constitucional de 1994 garantizó un conjunto de derechos igualitarios que representan avances importantes, aunque estamos lejos de su entero cumplimiento. El artículo 37 introdujo la reforma del “cupo femenino”; el 75 faculta la gestación de normas que posibiliten la igualdad de oportunidades en las familias y el 23 sostiene que la Cámara de Diputados puede crear mecanismos de “acción positiva” para promover a las mujeres y contribuir a la equidad de género. Otra modificación de enorme importancia es la incorporación de la Convención contra todas las Formas de Discriminación de las Mujeres. Un vasto número de artículos, referidos a dimensiones cívicas, civiles y sociales, deberían ser eficaces contra la discriminación.

El aumento de la ciudadanía femenina que entraña la ley de cupo colocó a la Argentina en una situación internacional singular y su emulación agitó a las feministas en diversas latitudes. Sin la acción de la red que vinculaba a un amplio número de militantes de diversos partidos políticos y la convicción de diversos agrupamientos feministas y del propio Consejo Nacional de la Mujer, los proyectos presentados hubieron quedado sin resolución. En estas décadas, el número de legisladoras se ha ampliado hasta por encima de la tasa fijada de 30% y, a pesar de que no han faltado críticas a las manipulaciones del cupo, cada vez más se confirma lo acertado de la medida.

Debemos celebrar dos nuevos derechos que tienen significado notable para los géneros: el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género. Las identidades homosexuales, lésbicas, travestis, transexuales y transgéneros obligaron a escudriñar la falta de reconocimiento y de ciudadanía, un castigo que se infringía en nombre de una prescripción moral que ha querido ligarse a la biología. Para quienes hablan en su nombre, debe recordárseles que la Naturaleza no dicta normas éticas, y que éstas son producidas por la acción humana, por la Cultura. El respeto a los contratos entre seres libres para forjar convivencia y los sentimientos que entrelazan a personas de diferente o del mismo sexo bastan como base de un nuevo derecho de “familias”, en plural, ya que está en plena crisis el modelo nuclear conyugal heterosexual que adoptó el orden burgués. Una sociedad democrática no se concibe sin el más completo respeto a la diversidad.

Se ha mejorado, a fines de 2012, la ley que combate la trata, una forma monstruosa que necesita urgente erradicación. Entre las últimas conquistas, se encuentra la ley de fertilidad asistida, que hace posible cumplir el deseo de maternidad —y paternidad— mediante el acceso a técnicas de reproducción. Se trata de una medida redistributiva pues las obras sociales deben cubrir los costos de las intervenciones, que estaban vedadas para los sectores de menores recursos.

Un balance debe consignar que la falta de acatamiento a las normativas mengua el cumplimiento del derecho. ¿Quiere decir esto que es suficiente la legislación conquistada y que sólo se precisa apego a su letra? Ciertamente no, pero las mujeres ya ganarían mucho si la Constitución y las leyes se cumplieran, si la igualdad garantizada formalmente resultara una experiencia cotidiana. Se necesitan medidas de acción positiva y poner el foco con urgencia en la esfera laboral. Deben eliminarse la segmentación de actividades, la discrepancia de funciones que coloca a las mujeres en los peldaños más bajos, la diferencia salarial, el acoso sexual y moral. Los poderes públicos tienen mucho que hacer.

Se requiere una más amplia cobertura a las víctimas de la violencia doméstica. La acción judicial debe completarse con otras medidas adicionales, desde la provisión de refugios temporales hasta brindar posibilidades de capacitación y oportunidades laborales.

Es necesario admitir que el “cupo” ya cumplió su etapa: ha llegado el tiempo de la paridad, de la igualación de las cuotas, y las listas deben componerse con no menos de 50% de cada sexo. ¿No representan las mujeres más de la mitad de la ciudadanía? Las fuerzas políticas deberían ser obligadas a modificar sus estatutos para dar lugar también a la paridad. Por primera vez, gobierna una mujer en el país, con el agregado singular de que fue reelegida. Puede discreparse con su política, pero no cabe en absoluto el argumento de su falta de preparación o del carácter advenedizo de su actuación.

Es imperioso que las mujeres sean auxiliadas en la decisión libre de procrear o de no hacerlo, y es una obligación del Estado garantizar la individuación y la autonomía. Las mujeres deben gozar del derecho pleno a la soberanía sobre sus cuerpos y la penalización del aborto se encuentra entre los resabios más oscuros del imperativo de acatar un destino inexorable. No es la fatalidad biológica lo que obliga a reconocer la maternidad y la filiación, sino los lazos afectivos que sólo pueden crearse cuando median la elección, la aceptación libre y el disfrute. Los grados de libertad se angostan extraordinariamente cuando las condiciones de vida son abrumadoras, cuando faltan los recursos y sobran las precariedades. Y para aquellas que toman la decisión de interrumpir un embarazo con medios inapropiados, lo más seguro es la muerte. La legalización del aborto es una de las urgencias mayores en el orden de los derechos femeninos.

Las mujeres han padecido, y aún padecen, un estatus secundario y tratos discriminantes basados en una concepción que, desde el fondo de los tiempos, predica que no son sólo “naturalmente” diferentes, sino inferiores. De este modo, los varones se han ocupado de lo público y valioso, y las mujeres, de lo privado intrascendente. Ya no es posible sostener ese dislate. El camino hacia la igualdad reclama que de derecho se acorten las distancias entre la casa y la plaza, como de hecho no ha dejado de ocurrir en nuestra sociedad.

Dora Barrancos

Con modificaciones y actualizaciones realizadas por la autora, este trabajo forma parte de su libro Mujeres, entre la casa y la plaza, editado por Sudamericana en 2008.


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