LAS DENUNCIAS DE LOS PERIODISTAS “INDEPENDIENTES”

Buenos muchachos

Siete voceros de la prensa hegemónica aseguraron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que la libertad de expresión corre peligro en la Argentina. Un relato pobre, falaz y digno de accionistas.

“Personalmente, prefiero la cárcel al odio y la descalificación, prefiero la cárcel a que el Estado, con su enorme poder, cambie la historia de mi vida”, dijo Joaquín Morales Solá en un último y desesperado intento por conmover a sus interlocutores. Transcurría la audiencia convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al columnista de La Nación le tocaba fundamentar la presentación realizada por él mismo y otros seis periodistas sobre las presuntas amenazas a la libertad de expresión en la Argentina. Unos días más tarde, vendía que la CIDH prácticamente había condenado al Gobierno. “El gobierno argentino se ubica siempre un paso atrás, pero cerca, de los atropellos que cometen el chavismo venezolano y la administración ecuatoriana de Rafael Correa. De hecho, esos tres países (y los Estados Unidos por el masivo espionaje cibernético) son los únicos mencionados en el documento final de la CIDH sobre el estado de la libertad de expresión en el continente”, argumentaba. Morales Solá, diestro en falsos silogismos, no aclaraba que ese documento final no es otra cosa que un comunicado de prensa sobre los contenidos de las audiencias celebradas este año por el organismo y que la referencia a la Argentina devino obligada por la presentación de esos mismos periodistas.

Con todo, no deja de ser curioso que, en ese mismo comunicado, la CIDH consigne “su preocupación por la información recibida según la cual en Argentina hubo afirmaciones descalificatorias sobre los periodistas solicitantes de la audiencia sobre la situación de libertad de expresión en ese país”. Parece claro que estos mismos proporcionaron la información, desalentados quizás porque esperaban ser aclamados como héroes civiles.

Durante la audiencia, y tras una breve exposición de Magdalena Ruiz Guiñazú —donde aludió a imputaciones que no harían justicia a su compromiso con los derechos humanos en tiempos de Alfonsín—, Morales Solá hizo un pobre relato de las penurias del periodismo independiente. Se quejó, como quien reclama un sitial perdido, del descrédito en que habían caído su propia trayectoria y la de otros colegas. “Podemos escribir y decir lo que pensamos, pero no trabajamos tranquilos”, decía Morales Solá, antes de aludir a la estigmatización y demonización que los perturba, reflejo a su vez de la desacralización de la prensa y de los propios periodistas, uno de los cambios culturales más notables entre los que se vienen produciendo en la Argentina.

“Las palabras violentas preceden a los hechos violentos”, disparó después, con la intención de generar otro momento de alto voltaje emotivo, y a renglón seguido dejó su lugar de periodista consternado para asumirse como socio de los medios en que trabaja. Así, entre otras cosas, se quejó de una distribución supuestamente arbitraria de la pauta publicitaria oficial y de las presuntas amenazas que penden sobre Papel Prensa. Tras referir que se trata de la única fábrica de papel para diarios que tiene la Argentina y que el capital mayoritario está en manos de los diarios La Nación y Clarín, trastabilló: “Si el Gobierno se hiciera con el control, tomaría el monopolio de la provisión de papel porque controlaría la producción nacional y la importación, que hoy es libre y no paga ningún arancel”.

El énfasis sobre la publicidad oficial, que llamó la atención de los integrantes de la CIDH, fue subrayado por Torcuato Sozio, director ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles y convocado para los periodistas, como atestigua su apellido.

Los reproches sobre la pauta siguieron la misma línea argumentativa trazada por los abogados de Clarín en las audiencias convocadas por la Corte Suprema antes de fallar sobre la ley de medios, esto es: sólo la propiedad concentrada del capital puede garantizar la libertad de expresión. Ante la CIDH, quienes representaron al Estado mostraron que en la última década se había decuplicada la inversión publicitaria privada, previsiblemente acaparada por los grandes conglomerados comunicacionales, en función de estrictos criterios comerciales. Aunque los funcionarios no incursionaron en ese aspecto, lo cierto es que, para ser realmente democrática, una normativa sobre el modo en que se distribuye la pauta publicitaria oficial debería estar presidida por una lógica inversa. Dicho de otro modo, si el objetivo es ampliar y diversificar el abanico de medios por los que se expresa, se informa y construye opinión el conjunto de la sociedad, el Estado debería favorecer la sostenibilidad de aquellos que no gozan de las preferencias de los anunciantes privados. Cifras correspondientes al período 2009-2012 muestran que Clarín y La Nación no han estado precisamente excluidos de esa pauta, sino que ocupan respectivamente los lugares 6 y 13 entre los 20 grupos mediáticos más beneficiados por las partidas.

Ruiz Guiñazú y Morales Solá aseguraron que desde 1983 la defensa de los derechos humanos constituía una política de estado en la Argentina, como si no hubiesen existido las leyes de Punto Final y Obediencia Debida ni dos indultos que dejaron en libertad a todos los imputados por delitos de lesa humanidad. Como si fuera un militante de esa causa, el columnista de La Nación dedicó un párrafo a exaltar la importancia histórica que había tenido la CIDH en la denuncia de los crímenes de la dictadura. La comisión, en efecto, visitó el país en 1979 y publicó al año siguiente un extenso informe. Uno de los capítulos alude, precisamente, a la situación de la libertad de prensa. Allí afirma que, producido el golpe, los medios en general “adoptaron al parecer una política explicable por razón de las circunstancias expuestas”, se abstuvieron de “conceder importancia” a los operativos de secuestro y desaparición de personas, y se negaron a publicar listas de desaparecidos. La CIDH refiere que, en una reunión especial con representantes de los medios, “pudo escuchar juicios y pareceres según los cuales no existe actualmente censura de prensa”.

G.W.


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