TODOS LOS PODERES FÁCTICOS SE ALZAN PARA FRENAR EL PROCESO DE TRANSFORMACIONES

Añoranzas de la republiqueta perdida

Mientras la oposición esgrime las formalidades institucionales para detener un proceso que le resta cada vez más protagonismo, el gobierno nacional avanza en la construcción de un modelo que democratiza la política, la sociedad y la economía.

Añoranzas de la republiqueta perdida
La módica reunión opositora en la Casa Radical no puede ser vista sino como una réplica al multitudinario festejo popular en la Plaza de Mayo.

Foto: Télam

No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió”, dice Joaquín Sabina en Con la frente marchita. La sentencia bien podría aplicarse a la sucesión de salmos entonados por el coro polifónico del establishment a lo largo de noviembre y principios de diciembre. Todos ellos apelan a un pasado mítico donde la Argentina era respetada en el mundo y reinaban la concordia, la mesura, los buenos modales y el respeto por el otro. Coinciden también en proclamar la necesidad de poner freno al desborde populista, un eufemismo que designa todo avance en dirección a una mayor democratización económica, social y política. Y tienen en común que la música y la letra son obra de los desplazados por los nuevos tiempos.

Tras el espontáneo cacerolazo del 8 de noviembre, hegemonizado por sectores medios y altos y funcional al estilo de construcción macrista, y el paro sindical del 19 —donde compartieron cartel el Pollo Sobrero, Moyano, Barrionuevo, el Momo Venegas y su patrón de la Federación Agraria, el propietario de tierras Eduardo Buzzi—, la Santa Alianza no ha perdido ocasión de manifestarse, tanto en términos políticos como doctrinarios, amplificada por los medios hegemónicos, que funcionan como una suerte de intelectual orgánico de la contrarreforma. Uno de esos actores, si de santos se trata, fue la Conferencia Episcopal, con una declaración ensalzada por Clarín y La Nación y cuestionada por todos los sectores del progresismo católico. Que una institución gobernada por un monarca vitalicio cuestione el “excesivo caudillismo” y dé cátedra sobre democracia no deja de ser curioso; pero más significativo todavía resulta que se manifieste tan abiertamente contra la ampliación de derechos y tan a favor de los lugares comunes construidos por la oposición. En efecto, tras clamar por la consabida armonía y por evitar los conflictos, los obispos advierten, por caso, que las instituciones se han deteriorado y que la independencia del Poder Judicial está en riesgo.

Un sector de la corporación judicial —integrado por la Comisión Nacional de Protección de la Independencia Judicial, la Junta Federal de Cortes y Tribunales Superiores de las Provincias Argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y la Federación Argentina de la Magistratura— invocó en otro manifiesto ese mismo concepto de independencia, que para algunos magistrados parece significar que el Gobierno no meta sus narices en como manipulo los fallos para favorecer a los que me pagan las vacaciones en Miami. Esas entidades funcionan como una suerte de amicus curiae del La Nación, que no por casualidad tuvo la exclusiva. El diario —que por momentos pierde la compostura— dijo que se trataba de un pronunciamiento del Poder Judicial y pretendió a toda costa involucrar al conjunto de la Corte en lo que presentó como una exigencia para que la Presidenta “respete la división de poderes y no se entrometa con la Justicia”; sin embargo, el documento tuvo un destino semejante al del Episcopado. Unos días después, centenares de magistrados, defensores, fiscales, académicos y funcionarios judiciales cuestionaron a sus colegas, les negaron la representatividad que algunos les habían asignado y afirmaron que el verdadero desafío de la Justicia es reconciliarse con la ciudadanía, “en tanto fuente única de su legitimidad, en virtud del evidente desprestigio al que lo han llevado años de aislamiento”.

La oposición no las tiene todas consigo. Para beneplácito de la Santa Alianza, un juez estadounidense y otro ghanés habían fallado a favor de los fondos buitre y en contra de la Argentina. Ni lerdos ni perezosos, la tribuna de doctrina teorizaba en un editorial sobre la importancia de acordar con los usureros, mientras el referente del Frente Amplio Progresista, Hermes Bobinner, enfatizaba: “Debemos pagar esto, porque si no nos aislaremos del mundo”. Lamentablemente, lo bueno dura poco: la Corte de Apelaciones de Nueva York suspendió el fallo de Thomas Griesa y el Tribunal de Hamburgo impugnó el embargo de la fragata Libertad.

Las manifestaciones de la Iglesia y la corporación judicial le habían venido como anillo al dedo a la Cámara Civil y Comercial que prorrogó la vigencia de la cautelar solicitada por Clarín contra la ley de medios. El cuerpo no desafió sólo la vigencia de la legalidad democrática, sino a la propia Corte, que había puesto fecha de vencimiento a esos recursos excepcionales, que en la práctica le han permitido a ese holding mediático ejercitar una suerte de gobierno paralelo, valiéndose para ello de toda la independencia judicial a su alcance. Con el fallo del juez Horacio Alfonso, que declaró constitucional el artículo 161 —la llamada cuestión de fondo—, se inicia una nueva batalla en la larga guerra por la vigencia irrestricta de la ley, que no debería extenderse más allá del primer semestre de 2013.

Por esos días, y a tono con lo que ya habían manifestado otros de sus correligionarios, el presidente de la UCR, Mario Barletta, aseguraba que “al pueblo no le interesa la disputa entre el Gobierno y Clarín”. Reconocido exégeta del alma popular, Barletta convocó el 10 de diciembre en la Casa Radical a dirigentes opositores para “festejar los 29 años de democracia”. Entre propios y ajenos, la foto publicada por el diario del grupo permite divisar a 23 personas, entre las que sobresalen la infaltable Patricia Bullrich, Gabriela Michetti, Mauricio Macri, Eduardo Amadeo, Federico Pinedo y Cleto Cobos: el estado mayor de la contrarrevolución.

Se dice que la política está hecha en gran medida de gestos. La módica reunión, convocada para “defender la Constitución y la independencia de poderes”, no pudo menos que ser vista como un contrafestejo de la multitudinaria manifestación que había poblado el día anterior la Plaza de Mayo y sus alrededores para celebrar el Día de los Derechos Humanos. Las diferencias son elocuentes.

En definitiva, se trata de una disputa entre lo viejo y lo nuevo. Mientras el establishment se aferra a la formalidad institucional, sigue declamando que la ideología hegemónica equivale a libertad de expresión y añora las certezas de la era neoliberal — cuando el rumbo del país era programado desde las oficinas de los organismos multilaterales de crédito y los think tanks del capital concentrado—, el gobierno nacional sigue construyendo y afianzando las bases de un nuevo modelo de país, con el apoyo de la gran mayoría del pueblo argentino y de la militancia de las fuerzas comprometidas con una trasformación profunda de las prácticas políticas, de la sociedad y de la economía.

En mayo, este proceso político cumplirá una década, con un fuerte saldo a favor y cuentas pendientes. Las elecciones legislativas de mitad de mandato serán claramente un momento de inflexión para evaluar el respaldo con el que cuenta el gobierno nacional y la posibilidad de avanzar en reformas aún más profundas. Una de ellas, es, necesariamente, la del Poder Judicial. No se trata, como algunos pretenden, de avasallar a los jueces para beneficio del Ejecutivo, sino de replantear la estructura y el desempeño de una corporación que ha permanecido ajena a las transformaciones pero dependiente de los poderes fácticos, en perjuicio de los sectores más vulnerables de la sociedad.

Las dificultades impuestas por la retracción de la demanda mundial y la desaceleración del crecimiento económico suponen un nuevo desafío para continuar en el proceso de redistribución progresiva del ingreso, garantizado a lo largo de esta década por el funcionamiento de las paritarias, la creación de empleo genuino, los subsidios estatales, la reforma del sistema jubilatorio y el acceso prácticamente universal a sus prestaciones.

En tal sentido, la audaz política de desendeudamiento externo emprendida en su momento por el presidente Néstor Kirchner rendirá este año importantes frutos, porque los vencimientos de capital e intereses estarán en el nivel más bajo de los últimos años. Este desahogo presupuestario podría permitir volcar inversión pública en áreas como la infraestructura de transporte y energía, vital para favorecer el incremento de la producción nacional.

Otro de los desafíos es profundizar la política de integración regional, en un momento político donde esa posibilidad está fuertemente potenciada por la sintonía entre el gobierno argentino y el que encabeza Dilma Rousseff en Brasil.

Finalmente, aparece en el horizonte la posibilidad de que durante 2013 se dicte sentencia en los juicios aún abiertos por crímenes de lesa humanidad. Este año concluye con un fallo de fuerte contenido simbólico: la condena a prisión perpetua de los integrantes del circuito Camps, entre ellos Jaime Smart, ex ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, y el emblemático torturador Miguel Etchecolatz.

La agenda no es precisamente fácil, pero sí estimulante. Entretanto, la oposición seguirá entonando salmos por los tiempos idos, en añoranza de su republiqueta perdida.

Guillermo Wolff


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