LUIS CÁCERES, DE LA UNIÓN OBRERA LADRILLERA

“Impulsamos la sindicalización”

El delegado normalizador del sindicato advierte que, pese al auge de la construcción, noventa por ciento de los ladrilleros trabaja en condiciones de explotación. Y explica qué estrategia impulsan para revertirlo.

Impulsamos la sindicalización
“Queremos que, desde sus respectivas regionales, los compañeros participen directamente de las decisiones”, afirma Cáceres.

Foto: Ezequiel Sánchez

Luis Cáceres, que integra la mesa nacional del Movimiento Evita y en diciembre de 2012 fue designado por el Ministerio de Trabajo como delegado normalizador de la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina (UOLRA), se muestra campechano y ofrece mate. A través del ventanal a la calle —la sede nacional está en el 3611 de Muñoz, Ciudadela—, el día se apaga; en las paredes del cuarto rectangular, blanco y bien iluminado, se destacan San Martín, Eva y Juan Perón. Claro y llano, el funcionario explica de qué se trata la normalización de un sindicato complejo, que contaba hasta hace muy poco, a propósito de un proceso de descomposición iniciado en los 90, con una cobertura casi inexistente en las distintas provincias en las que se da la actividad, geográficamente dispersa: Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Santiago del Estero, Bahía Blanca, Mar del Plata, Mendoza y Formosa.

Usado tanto para construcciones villeras como para lujosas y sólidas mansiones de countries, el ladrillo es precisamente el componente fundamental de una de las inversiones más seguras, junto a la adquisición de tierras: las propiedades siempre mantienen su valor relativo hasta en medio de las peores crisis, porque constituyen bienes durables. Sin embargo, quienes trabajan casi artesanalmente este noble material —el proceso productivo requiere de los cuatro elementos esenciales de la naturaleza—, base de las construcciones desde la noche de los tiempos, son en su mayoría inmigrantes bolivianos sin documentación que trabajan en hornos clandestinos junto a sus niños, soportando altas temperaturas y acarreando pesadas cargas, algo que les genera a los menores seguros problemas de salud en un corto plazo. “Por eso — explica Cáceres—, vamos los sábados por distintas localidades del Gran Buenos Aires a hacer operativos de acercamiento a los compañeros, que tienen miedo a sindicalizarse por las posibles represalias que puedan tomar estos siniestros explotadores, a regularizar su situación respecto de la documentación y a denunciarlos; vamos con camiones de la Anses, gente del consulado boliviano y delegados del sindicato y armamos campeonatos de fútbol y charlas, como para que los compañeros y sus familias vayan perdiendo miedo y ganando confianza y coraje. La idea es ir fortaleciendo de este modo a las demás regionales”.

Es cierto que hay un problema cultural en relación con el trabajo infantil y las políticas para erradicarlo: la percepción por parte de muchos padres —explotados ancestralmente— del trabajo de sus hijos como una ayuda familiar. La Ley 26847, que introduce en el Código Penal la figura de trabajo infantil, promulgada por la presidente Cristina Kirchner el 11 de abril de este año, explicita: “Será reprimido con prisión de 1 (uno) a (cuatro) años el que aprovechare económicamente el trabajo de un niño o niña en violación de las normas nacionales que prohíben el trabajo infantil, siempre que el hecho no importare un delito más grave. Quedan exceptuadas las tareas que tuvieren fines pedagógicos o de capacitación exclusivamente. No será punible el padre, madre, tutor o guardador del niño o niña que incurriere en la conducta descripta”. No obstante, el funcionamiento perverso de los hornos clandestinos continúa, a pesar de los operativos que Trabajo, AFIP y Gendarmería llevan adelante en Córdoba para desbaratarlos y que se prolongarán a las demás provincias que incluyen la producción. La operación para armar un horno ilegal es la siguiente. Un “patrón encubierto” elige a un obrero entre los tantos que demandan trabajo y le promete un dinero por hacerle firmar al grupo un contrato de locación de parcelas falso y por poco dinero. Ese impostor —premiado por el patrón real, oculto— transfiere la responsabilidad fiscal y laboral a los trabajadores, que ante una inspección quedan en situación delictual; además de quedarse con la mayor tajada de la producción, los explotadores hacen responsables a los propios explotados de un contrato de locación falso, usufructuado por los propios trabajadores indocumentados, sin registro fiscal, con menores a cargo y en situación de ejercer el uso de niños —sus hijos— para el trabajo en condiciones laborales insalubres y de hacinamiento, ya que las “viviendas” se encuentran en el mismo lugar de producción.

Por eso, la gestión ha puesto en vigencia el Convenio de Formación Sindical, dirigido a capacitar 630 trabajadores del sector, que implica un plan de alfabetización, de formación de militantes, cuadros medios y dirigentes. “Impulsamos fuertemente la sindicalización de los trabajadores para que tengan sus herramientas democráticas de defensa ante este tipo de injusticias”, explica gráfico en palabras, gestos y ademanes Cáceres: “Nosotros vamos a ocuparnos de que todos los compañeros tengan obra social, pero también de que se afiancen las regionales, incluyendo cada vez a más obreros: independientemente de la organización a nivel nacional. Queremos que, desde sus respectivas regionales, los compañeros participen directamente de las decisiones en internas y reclamos a las patronales”. En tanto, la intervención ya logró normalizar las regionales de Tucumán y Mendoza, que pasaron a integrar nuevamente el sindicato nacional.

El gremio, cuenta Cáceres, tiene su historia de lucha: todos los 21 de agosto se celebra el “Día del Ladrillero”, para recordar una célebre huelga, “La destapada”, realizada en 1946: “Luego de 85 días de paro, aquellos compañeros consiguieron que la patronal se hiciera cargo de tapar de noche los adobes para que los trabajadores no perdieran la paga por las inclemencias del tiempo, ya que los obligaban a esa tarea además de la cantidad de horas de producción diurna”. Durante la década del 60, relata, “el gremio —que mantuvo siempre su personería— tuvo un gran compromiso con los trabajadores; más tarde, se alejó de las necesidades de sus representados y dejó de cumplir con sus funciones”. Así, concluye, “si bien en estos últimos 10 años la construcción ha sido uno de los pilares del crecimiento, 90% de los obreros ladrilleros todavía trabajan en condiciones de explotación, a través del trabajo infantil, el trabajo no registrado, el trabajo esclavo, la explotación de los compañeros indocumentados y una gran cantidad de trabajadores que no tienen cobertura social ni de salud”.

Ezequiel Sánchez


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