PARA EL PODER ECONÓMICO CONCENTRADO, SÓLO ES LEGÍTIMO EL GOBIERNO QUE APLICA SU PROGRAMA

Cuando el Estado regula en contra del ajuste

Contra lo que pregona la ortodoxia, la intervención de la política es imprescindible para el funcionamiento de la economía. Lo que está en juego, aquí y en los países centrales, es en qué dirección lo hace.

Cuando el Estado regula en contra del ajuste
A falta de un gobierno mundial, el FMI regula a favor del capital global y de las ventajas adquiridas por los países centrales.

 

El capitalismo no funciona sin política. Sin Estado no hay ajuste y sin regulación estatal no hay economía. La moneda es un instrumento activo de la acumulación y está regulada por una política monetaria y crediticia centralizada por el Estado; de otra manera, la acumulación no tendría carácter sistémico. No es extraño, entonces, que en los países centrales los ajustes que siguieron a la crisis iniciada en 2008 se concreten mediante fuertes políticas estatales. Por eso, el ajuste también es una política intervencionista; la cuestión está en su contenido. Cuando la ortodoxia critica el intervencionismo, en realidad ataca una regulación diferente a la del ajuste, con el que pierden los trabajadores a favor del gran capital.

En las fases de expansión, hay más acumulación y más competencia. Para favorecerlas, la regulación estatal ayuda a bajar las tasas de interés. Al acelerarse el ritmo de la acumulación, sobreviene un exceso de capital porque éste crece más que los ingresos de los trabajadores y el poder de compra termina perdiendo fuerza. Para prevenir sus consecuencias, la acumulación productiva decae, de modo que su ritmo no es uniforme y por eso las crisis capitalistas son inevitables. Para superarlas, el capital reduce los costos y contiene los salarios, lo que sólo se concreta con ayuda de la política económica. Si ésta favorece a los grandes capitales y a los sectores más poderosos, obstaculizará la competencia de los capitales menores y reducirá la actividad subiendo la tasa de interés. En cambio, si promueve una expansión más continua de la economía, la regulación tratará de mantener la liquidez con tasas bajas. La cuestión es en qué sentido ordena o de qué manera regula: si aprieta hacia abajo, favorece al poder dominante y carga la crisis sobre los trabajadores sin medir la magnitud del paro, o si procura contener la pérdida de fuentes de trabajo, expandir la actividad y compensar el menor dinamismo empresario con el gasto público.

El límite es la disponibilidad de liquidez, que es sólida sólo cuando la moneda local está suficientemente respaldada por reservas de moneda mundial. Cuando las exportaciones pierden dinamismo, la moneda nacional se debilita y al Estado periférico se le complica la posibilidad de seguir favoreciendo la expansión, con lo que se limita el crecimiento y aumenta la inflación. En ese momento, el gran capital privado presiona para volver a la ortodoxia mediante el ajuste, haciendo retroceder los salarios; y, cuando una gran parte del poder económico se concentra en el agro y las finanzas, también tratará de extender el ajuste a la industria. En ese caso, el gran capital nacional y extranjero se alinea para agravar las dificultades económicas con el apoyo de los partidos políticos del régimen y de los que ocasionalmente se suman al poder concentrado.

En el plano mundial, el gran capital está regulando con la emisión de monedas duras, que usa, a la vez, como instrumento para anular las regulaciones nacionales de los países emergentes. A falta de un gobierno del mundo, el Fondo Monetario y los organismos internacionales tratan de regular el movimiento de los capitales y el comercio internacional en función del capital global y de las ventajas adquiridas por los mayores países capitalistas y así surgen conflictos con las regulaciones nacionales en los países menos desarrollados.

En esta crisis, se acentuó en los centros la apertura financiera y el ajuste para promover la concentración del capital propia de estos períodos e imponer esa forma de ajuste al resto del mundo y limitar el ascenso del capitalismo emergente, con eje en China y el resto de los BRICS, que crece más rápido que el de los centros y modifica el curso de la globalización.

En este escenario, la Argentina puede consolidarse como país emergente. La única salida para lograrlo en el nuevo orden mundial en ciernes es la integración con Brasil en el Mercosur. No es una utopía impracticable. En muy pocos años, la Argentina será un centro energético y minero mundial y, junto con Brasil, constituye el mayor polo mundial agroalimentario. Los acuerdos petroleros de YPF son una muestra de esa perspectiva. La barrera es el Antiguo Régimen y el pensamiento pastoril conservador afincado en una dirigencia política que sueña con el pasado, la especialización agraria y los créditos de la banca internacional, una combinación que condujo al desastre de 2001 y que antes se había sostenido organizando la vida política con la proscripción y los golpes militares y de mercado.

La creencia de que los recursos naturales eximen de la industrialización y que puede vivirse sólo de la especialización en las exportaciones es lo que retrasó a la Argentina frente al mundo y a Brasil. Por el contrario, el porvenir está en aprovechar los ingresos provenientes de los recursos naturales y, en vez de reciclar al mercado financiero sus rentas agraria y minera, capitalizarlas generando las bases de un país industrializado sobre las que se puedan desarrollar a pleno la tecnología y el conocimiento. Las riquezas naturales son bienvenidas, pero no para vivir sólo de ellas sino para crear un orden más avanzado, como lo hizo Estados Unidos después que desbarató el orden antiguo del sur algodonero y esclavista.

La política económica tradicional argentina combinó la especialización agraria, el reciclaje financiero de esa renta, el desaliento de la industria, el incremento de la desigualdad y la promoción del endeudamiento, y conformó un poder tradicional afín a los criterios que imponen los organismos internacionales a los países de segundo orden. Está claro que la política económica del Gobierno no es la tradicional y no responde a los grandes grupos de poder tradicionales del ámbito local e internacional, porque procura desarrollar la industria, captar una parte de la renta agraria y minera para el desarrollo, crecer sin agrandar la deuda externa y emplear los subsidios para respaldar la inversión y sostener el mercado interno.

La oposición, en cambio, no sale de los planteos de la política económica tradicional y su principal argumento es que la del Gobierno provoca inflación. Pero la especialización agraria, el retraso industrial y el endeudamiento permanente generaron en el pasado el retraso económico y una inflación persistente con grandes convulsiones periódicas. La prueba es que la inflación actual, aun tomando las mediciones privadas o provinciales, constituye la media aproximada del alza de los precios del último medio siglo, pese al impacto que han tenido en los últimos años la crisis mundial, el sostenido aumento de los precios internacionales de los alimentos y la energía, a lo que se le suman ahora el emisionismo de los países avanzados, que hunde a las monedas más débiles para que su liquidez sobrante se pueda colocar como capital y frenar la autonomía emergente, y, en el plano local, el boicot a la regulación estatal por parte de los intereses dominantes.

Que el Gobierno no responda al poder tradicional es visto por las instituciones del Antiguo Régimen, sus partidos y sus intelectuales orgánicos y advenedizos como una violación de la democracia. Esas instituciones y sus voceros y promotores, como Clarín y La Nación, después de haber servido a la dictadura, ocultar sus crímenes y cobrar su genuflexión con jugosas dádivas, tratan de identificar la política encaminada a modificar el poder tradicional con el autoritarismo. Disfrazados de defensores de la democracia, buscan ahora restar legitimidad al voto mayoritario cuestionándolo al día siguiente de haber sido consagrado, mediante el monopolio y el relato destituyente, que se continúa en las trabas al ejercicio de gobierno para preservar el poder tradicional.

Por eso, no se debe perder de vista que la batalla principal contra el Antiguo Régimen y el orden mundial en crisis se encuentra en la posibilidad de la emergencia económica nacional en el cambiante capitalismo global, pese a la guerra de emisión monetaria de los países avanzados. La emergencia requiere un programa de industrialización, desarrollo tecnológico y regulación planificada del Estado, lo que implica también un agro más desarrollado y más capacitado para generar excedentes, junto con la minería y la energía, más una economía agraria de pequeños productores con más productividad y organizados como parte de la seguridad alimentaria nacional y del necesario control de los precios de los productos básicos de la canasta familiar.

La Argentina no es China ni Venezuela y tampoco España. Cada formación social tiene su particular forma de posicionarse y responder al cambiante orden mundial. El show mediático de que todo funciona mal es una simplificación simplista y payasesca de los partidos y de los medios de comunicación del poder tradicional, negadora del verdadero carácter del pasado argentino, del alcance de la crisis mundial y de las dificultades de cada país ante ella y del orden global que la sucede. Esas dificultades están presentes en Estados Unidos, en Grecia y en la Argentina, de lo que se deduce que tampoco todo puede funcionar bien. Por eso, se hace necesario promover el debate y, antes de sumar conflictos no del todo necesarios, diferenciar lo muy importante de lo menos importante y poner en claro el programa para el futuro.

Carlos Ábalo


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