A 45 AÑOS DE LA CREACIÓN DE LA CGT DE LOS ARGENTINOS

La nueva central, que rompía la complicidad con la dictadura de Onganía, fue el punto de partida para una de las experiencias más ricas de la clase obrera argentina, que se manifestó en el programa del 1º de Mayo y el periódico CGT.

A poco menos de dos años del golpe militar que derrocó al gobierno constitucional de Arturo Illia, el desaliento parecía haberse apoderado de quienes resistían a la dictadura de la autodenominada Revolución Argentina, que desde el mismo día de su entronización recibió el firme apoyo de la burocracia sindical. “Cayó un régimen de comité y se abre la perspectiva de un venturoso proceso argentinista”, señalaba un comunicado de las 62 Organizaciones Peronistas, en tanto el secretario general interino de la CGT, Francisco Prado, enfatizaba sin pudor alguno: “Deseamos que este gobierno nos interprete y nos comprenda. Tenemos ansias de colaborar”. Dos corrientes se disputaban por entonces la conducción del organismo que ya nada tenía que ver con los intereses de la clase trabajadora: la Nueva Corriente de Opinión, claramente participacionista, en la que se alineaban dirigentes de Comercio, Luz y Fuerza, la construcción y el vestido, y la encabezada por el metalúrgico Augusto Timoteo Vandor, popularmente conocida como “vandorismo”, dispuesta a negociar hasta lo innegociable.

Las huellas ominosas de una dictadura que puso la economía nacional al servicio del imperialismo, las corporaciones financieras y la oligarquía agropecuaria estaban a la vista. En nombre de la modernización económica, se había impuesto el disciplinamiento social, mediante —entre otras medidas— el congelamiento de los salarios, la suspensión de las convenciones colectivas, los despidos masivos en las empresas públicas, la intervención de decenas de sindicatos, el dictado de la Ley Anticomunista, que pretendía liquidar cualquier vestigio de combatividad, y de la de Servicio Civil de Defensa, por la cual se podía proceder a la movilización y sometimiento al fuero militar de todo ciudadano mayor de 14 años, sin distinción de sexo, edad o nacionalidad. El plan económico diseñado por los amanuenses del imperialismo propició, además, la devastación de las economías regionales y la miseria de miles de pequeños productores agropecuarios.

Tucumán fue el epicentro de las primeras expresiones de repudio a esas políticas. La industria azucarera había sido diezmada, con argumentos eficientistas; los obreros agrupados en la FOTIA desarrollaron un duro combate, pero el aislamiento en el que se desenvolvieron determinó que fueran derrotados. Después, la heroica huelga protagonizada por 35.000 trabajadores portuarios logró concitar la solidaridad de los activistas sindicales más conscientes, pero fue aplastada por la represión y su principal dirigente, Eustaquio Tolosa, fue a parar a la cárcel. Todo parecía indicar que, tal cual lo expresaban sus principales voceros, había dictadura para rato.

No obstante, la sumisión de la dirigencia cegetista, que había designado una comisión de 20 miembros para reemplazar a Prado y dar curso a la reorganización del secretariado, fue generando una bronca asordinada en centenares de delegados que observaban impotentes como sus gremios eran intervenidos y sus fondos congelados ante el menor indicio de conflicto.

En ese contexto, la convocatoria al Congreso Normalizador “Amado Olmos” —así bautizado en homenaje a uno de los dirigentes más esclarecidos de la clase obrera argentina— a pesar de haber sido convocado para legitimar a la burocracia, fue percibido por los luchadores sindicales como una débil luz que permitía alentar la esperanza de una lenta recomposición organizativa del activismo combativo que se había forjado en los 60. Fue mucho más que eso, fue un relámpago que iluminó la oscuridad.

La bronca estalló, masiva e incontenible, cuando los burócratas pretendieron rechazar las credenciales de los delegados de los sindicatos intervenidos, convalidando así la acción de los represores. La indignación fue tan grande que la Comisión de Poderes, intimidada, resolvió aceptarlos. El gráfico Raimundo Ongaro fue elegido por una clara mayoría como nuevo secretario general, pero participacionistas y vandoristas resolvieron retirarse del Congreso, denunciar su presunta ilegalidad y atrincherarse en su madriguera de la calle Azopardo.

A partir de allí, comienza a desarrollarse una de las experiencias más ricas de la clase obrera argentina. Bajo las consignas “Solo el pueblo salvará al pueblo” y “Mejor honra sin sindicatos que sindicatos sin honra”, se convocó a todas las corrientes combativas y revolucionarias, obreras, estudiantiles y territoriales, para enfrentar al enemigo común, se concretó en la práctica la solidaridad militante con los perseguidos y explotados y se elaboró el programa del 1º de Mayo, un hito en la historia de las luchas populares que recogía y profundizaba los de La Falda y Huerta Grande, otorgándoles una perspectiva claramente clasista y socialista. “Agraviados en nuestra dignidad, heridos en nuestros derechos, despojados de nuestras conquistas, venimos a alzar en el punto donde otros las dejaron, viejas banderas de la lucha”, expresaba en uno de sus párrafos y en otro tramo precisaba: “La historia del movimiento obrero, nuestra situación concreta como clase y la situación del país nos llevan a cuestionar el fundamento mismo de esta sociedad: la compraventa del trabajo y la propiedad privada de los medios de producción”.

El periódico CGT, dirigido por Rodolfo Walsh —a quien secundaban, entre otros, Rogelio García Lupo y Horacio Verbitsky—, ganaba las calles todas las semanas para alimentar la pasión militante de los que no estaban dispuestos a rendirse. Allanamientos en el local de la calle Paseo Colón, epicentro de la resistencia antidictatorial, centenares de militantes y dirigentes presos —Ongaro fue detenido en varias oportunidades— fueron sucediéndose hasta que la confluencia con el sindicalismo combativo y clasista de Córdoba, conducido por el gigantesco Agustín Tosco, la dura pelea de los estudiantes universitarios y el cansancio popular alumbraron en mayo de 1969 la luminosa gesta bautizada como El Cordobazo.

Daniel Vilá

Dignidad que no se negocia

En lo que se convirtió en un verdadero documento moral, los miembros del secretariado de la CGT de los Argentinos, a días de haber asumido sus cargos, resolvieron presentar ante un escribano público las declaraciones juradas de sus bienes. “Esto es lo que tenemos, no lograron sobornarnos. Cada trabajador podrá comprobar cuando quiera si sus dirigentes se han enriquecido, y si así ocurre tendrá derecho a terminar con ellos como hoy termina con la vieja guardia entreguista”, afirmaban.

Pequeñas viviendas hipotecadas y vetustos automóviles que continuaban pagando en cuotas eran el único patrimonio que acreditaban. Pero entre las manifestaciones de bienes presentadas se destacaban dos: la del prosecretario gremial interior, Benito Romano, de la FOTIA y la del vocal, el jabonero Aureliano Floreal Lencinas. Cuatro letras alcanzaban para detallar sus propiedades: Nada.

D.V.