Un estado sin tutelas
Escribe Jorge Rivas *
Laico significa “independiente de cualquier credo religioso o poder eclesiástico”. Un Estado laico, entonces, está libre de todas las religiones, y tolera a todas en pie de igualdad como simples creencias de los ciudadanos, sin favorecer ni privilegiar a ninguna, en ningún sentido.
De modo que el laicismo resulta una condición necesaria para la efectiva igualdad ante la ley y para el ejercicio de la soberanía por parte del Estado. Esto es así porque en un Estado laico no hay norma religiosa que pueda ponerse por encima del interés común, ni autoridad alguna que esté por encima de las que son elegidas por voto universal. En ese sentido, un Estado democrático no puede, sino que debe ser laico.
En la Argentina, la Constitución de 1853 sancionó la libertad de cultos, pero impuso la pertenencia a la fe católica como condición para que un ciudadano accediera a la Presidencia, requisito eliminado recién en 1994. Por otra parte, su artículo 2º establece que “el Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano”. Es por eso que el Estado paga sueldos a arzobispos, obispos y curas párrocos, beca a seminaristas y dispensa a la Iglesia jubilaciones graciables, subsidios y exenciones impositivas.
De modo que no podemos enorgullecernos de que nuestro Estado sea verdaderamente laico. Sin embargo, el movimiento de reformas democráticas que está en marcha y que ha sancionado, por ejemplo, el matrimonio igualitario a despecho de la oposición religiosa, permite abrigar esperanzas también en este sentido. Por lo pronto, una reforma constitucional que derogara el ya citado artículo 2º sería un gran paso adelante.
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