MARITA VERÓN, ENTRE SILENCIOS Y COMPLICIDADES

Un emblema en la lucha contra la trata

El secuestro de la joven tucumana en 2002 y la valiente búsqueda de su madre visibilizaron las redes que hacen posible este delito aberrante. El cerco se cierra sobre el grupo indultado por un tribunal de la provincia.

Un emblema en la lucha contra la trata
Recién con la llegada de Néstor Kirchner y luego Cristina Fernández se tomó como política de Estado la lucha contra el flagelo de la trata de personas.

Foto: Télam

En diciembre pasado, 13 imputados tucumanos y riojanos, acusados de secuestrar, trasladar y explotar sexualmente a María de los Ángeles Verón (Marita) en abril de 2002, quedaron libres de culpa y cargo. Los tres jueces que entendieron en el proceso, Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano, dijeron llamativamente “se dedican a la trata”, pero que no se había podido comprobar nada durante las audiencias, que duraron casi un año. A los periodistas nunca se les entregó copia del fallo completo y los jueces optaron por leer un resumen.

Susana Trimarco, la mamá de Marita, se convirtió desde la desaparición de su hija en la mujer símbolo de la lucha contra la trata de personas y no es para menos. Literalmente, movió cielo y tierra para tratar de encontrar datos concretos de su paradero, sin éxito hasta ahora. Desde que comenzó su búsqueda, fue maltratada por diversos sectores de la sociedad tucumana, sobre todo por la clase política, policial y judicial de entonces. Esos tres sectores tenían intereses en que el negocio de la trata de personas siguiera vigente en provincias como ésta, donde crecieron grupos ilegales como la familia Ale, actualmente investigados por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo del fiscal Carlos Gonella.

Recién con la llegada del presidente Néstor Kirchner primero, y de la presidenta Cristina Fernández después, se tomó como política de Estado la lucha contra el flagelo de la trata de personas.

Marita desaparece de Tucumán el 3 de abril de 2002, cuando salía del Instituto de Maternidad, muy cerca del microcentro. El proceso para que ocurriera se da en todos los casos, casi siempre con complicidad judicial y policial, según pudo conocerse en el juicio. Las jóvenes son “marcadas” por personas que se les acercan como supuestos amigos y confidentes. Luego se las rapta o se las lleva engañadas a otro lugar con la promesa de un futuro mejor. Se las aloja en una casa donde se hace la venta de las mujeres, previas golpizas y violaciones de parte de sus captores, y luego se las lleva al prostíbulo donde son obligadas a ejercer la prostitución. El de la hija de Susana Trimarco fue un caso testigo.

Desde que comenzó su búsqueda, Trimarco denunció sin miramientos al Clan Ale, integrado por Rubén “La Chancha” Ale, María Jesús “Jesusa” Rivero (pareja de Ale) y el resto de la familia. Nunca nadie los investigó, para saber de dónde sacaban los recursos para tener varios tipos de negocios. Por eso es que “La Chancha” ni siquiera fue llamado a indagatoria en este proceso absolutorio.

Recién en 2012, comenzó una investigación a fondo del “Clan Ale”, impulsada por la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Procelac. En el trabajo de ambas áreas judiciales, fueron determinados movimientos de dinero “de origen ilícito de parte de los Ale, los que los convierte en una organización criminal”. En marzo de este año, se hicieron allanamientos simultáneos en los domicilios del clan, donde fueron secuestrados 135.000 euros en efectivo, 1.000 dólares y una gran cantidad de documentos de identidad, así como más de 60 armas de diverso calibre, casi todas con miras telescópicas.

Por estos días, 23 personas perteneciente el grupo delictivo declaran en Tucumán frente al juez federal Fernando Poviña. Entre otras cosas, deben explicar por qué, una vez terminado el juicio en su contra en diciembre pasado, Rivero adquirió un campo en Santiago del Estero por 140.000 pesos y por qué el hermano de “La Chancha” Ale, Ángel, compró una flota de 15 camiones y una camioneta de alta gama, por la que pagó 263.000 pesos. Todas fueron operaciones en efectivo. Gonella no tiene dudas de que el dinero del Clan Ale proviene de la trata de personas. Así lo expuso por escrito frente al juez Poviña, para solicitarle el pedido de indagatorias que se concreta en esta provincia.

A pesar de todo, Susana y Micaela, la hija de Marita, siguen esperando que aparezca María de los Ángeles Verón, que aquella mañana de 2002 se había despedido con un “Mamá, cuando vuelva, cocino yo”.

Ramiro Rearte

Desde Tucumán


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