UN ESTADO PROTAGÓNICO, OTRA GOBERNABILIDAD

A contramano de las recetas tradicionales, los cambios iniciados en 2003 apostaron a la producción, la redistribución del ingreso, la ampliación de derechos y la movilización popular. Por eso, siguen enfrentando la conspiración de los privilegiados y, ahora, la presión de las economías golpeadas por la crisis.

"Formo parte de una generación diezmada. Castigada con dolorosas ausencias. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a los que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. No creo en el axioma de que cuando se gobierna se cambia convicción por pragmatismo. Eso constituye en verdad un ejercicio de hipocresía y cinismo. Soñé toda mi vida que éste, nuestro país, se podía cambiar para bien. Llegamos sin rencores pero con memoria”, expresaba Néstor Kirchner el 25 de mayo de 2003, en oportunidad de asumir la Presidencia ante la asamblea legislativa. Y, sobre el final de ese vibrante discurso, proclamaba: “Vengo a proponerles un sueño”, el sueño de un país serio, con verdad, justicia, igualdad e inclusión.

Apenas unos días antes, el entonces subdirector de La Nación, Claudio Escribano, le había presentado un ultimátum, que debía satisfacer si no quería desatar la ira del establishment, de Washington y del propio diario que asumía la representación de esos intereses. Sin medias tintas, el pliego demandaba un alineamiento incondicional con los Estados Unidos, la reivindicación del Terrorismo de Estado, una mayor receptividad hacia los empresarios, la expresa condena de Cuba y una draconiana política de seguridad.

Once meses atrás, los mismos poderes que habían recibido ingentes subvenciones de su gobierno, reclamaban a Eduardo Duhalde que demostrara capacidad para imponer el orden, desafiado por la rebelión de un pueblo que se negaba a pagar los costos del derrumbe de la convertibilidad y de las políticas neoliberales. El 26 de junio de 2002, y como respuesta a la movilización de un sector del movimiento piquetero, Darío Santillán y Maximiliano Kosteki eran asesinados por la bonaerense en la estación Avellaneda. No por casualidad, el mismo diario justificaba al día siguiente esa respuesta a la violencia originaria y las acciones delictivas en aras del supremo objetivo de la paz social. La cacería que segó la vida de esos dos jóvenes militantes se convirtió en el principio del fin para una ominosa etapa de la vida argentina y marcó el nacimiento de otra, que comenzaría a emerger en mayo de 2003. El mandato de Kirchner comenzó así con un gesto de desobediencia, dirigido no sólo al fatuo editor de uno de los grandes medios hegemónicos, sino también a todos aquellos que se sentían representados por su prédica.

Como le sucedió a Keynes en su momento —y ocurre ahora mismo en Europa—, recrear la estructura productiva argentina demandaba contradecir a los apóstoles del capitalismo concentrado. Así también, emerger de la catástrofe social puesta en evidencia por la crisis de 2001 y alimentar la posibilidad de algún futuro requería sentar las bases de otra política, capaz de recuperar la autonomía del Estado frente a los poderes fácticos.

Esa autonomía y esa desobediencia, denominador común de las políticas impulsadas por Néstor Kirchner y por Cristina Fernández de Kirchner a partir de 2007, jamás les fueron perdonadas por el capital concentrado, los medios hegemónicos y las viejas corporaciones políticas que dependen de éstos para tener un lugar en el mundo. Desde aquella audaz y premonitoria avanzada de Escribano, han venido conspirando —de manera abierta o solapada, según el caso— para minar la fortaleza de un modelo que se ha venido nutriendo de la producción, el mercado interno, la redistribución del ingreso, la ampliación de derechos sociales, culturales y laborales, y la movilización popular para torcer el rumbo de la historia.

Esos pilares permitieron que el modelo resistiera los embates de una crisis internacional que se ha llevado puestos a varios gobiernos europeos y es resultado de una globalización que privilegió la renta financiera y construyó un mundo a su imagen y semejanza sobre el libreto del Consenso de Washington. En ese empeño, la Argentina no ha estado sola. Quizás por primera vez en 200 años —como se ha señalado—, los presidentes latinoamericanos “se parecen a sus pueblos”. Y esa sintonía ha hecho posible, no sólo que la mayoría de los países de la región crecieran a tasas inéditas, sino que disminuyeran su dependencia del capital financiero, los organismos multilaterales de crédito y los sucesivos gobiernos estadounidenses, que ampliaran la inclusión social, redujeran las tasas de pobreza, indigencia y desempleo, y replantearan su alineamiento internacional.

Desde ya, ese tránsito no ha sido gratuito ni está garantizado de por vida. El reciente derrocamiento de Fernando Lugo, facilitado desde luego por las debilidades estructurales del movimiento político que lo llevó a la Presidencia, se explica más bien por sus fortalezas, esto es, por su resistencia a continuar sirviendo a los negocios de la vieja oligarquía paraguaya y su corporación política, así como a las exigencias de los nuevos dueños de la economía, vinculados como aquí al boom de la soja. La temprana expulsión del hondureño Manuel Zelaya, las policías alzadas contra los gobiernos de Rafael Correa y Evo Morales y los sistemáticos boicots contra Hugo Chávez son una señal elocuente de que los desplazados por los nuevos vientos no están dispuestos a entregar un poder heredado de la dominación colonial o los acuerdos con el imperialismo y refrendado por el sometimiento a sangre y fuego de sus pueblos.

Esos procesos políticos, junto a los impulsados por el PT brasileño y el Frente Amplio uruguayo, impugnaron los criterios neoliberales de gobernabilidad, que sigue alimentando los análisis de los más reputados analistas políticos de la Argentina, de su clase dirigente y de buena parte de la oposición política.

Hasta 2003, una vez apaciguados los primeros escarceos de Raúl Alfonsín contra las corporaciones, los sucesivos gobiernos argentinos estuvieron sujetos al veto de los poderes fácticos, al visto bueno de los mercados y a los acuerdos con el FMI y el Banco Mundial, bajo la atenta mirada estadounidense.

Esa gobernabilidad es, por ejemplo, la que invocan las patronales agropecuarias amontonadas en la Mesa de Enlace cuando rechazan el revalúo de los campos en la provincia de Buenos Aires —que para el fisco mantenían los mismos valores de hace 15 años, pese al astronómico incremento de sus precios— porque no ha sido consensuado con ellos. O la que esgrime la Iglesia Católica para ser arte y parte del proceso de reforma, no del derecho canónico, sino del Código Civil. Los desplazados tampoco están quietos aquí. Aun para quienes no son afectos a las teorías conspirativas, cuesta creer que las campañas de la prensa hegemónica —dirigidas a minar el respaldo económico, político y social de que goza el Gobierno—, los paros de la Mesa de Enlace, la beligerancia del moyanismo, las corridas contra el peso o la súbita verborragia del genocida Videla, por citar sólo algunos hechos de las últimas semanas, coincidan por mera casualidad.

Esas ofensivas tienen lugar mientras todo indica que la crisis internacional se traducirá en una intensificación de las presiones sobre los países de la región. Ante la recesión o la incertidumbre que afectan a sus economías, los Estados Unidos y la Unión Europea necesitan incrementar la colocación de sus productos en terceros mercados y que las filiales de las multinacionales giren cada vez más regalías y dividendos a sus casas matrices, para compensar la depresión de la demanda doméstica.

Como viene sucediendo desde 2003, el gobierno conducido por Cristina Fernández de Kirchner ha decidido redoblar la apuesta. Mientras la ortodoxia le exige el ajuste de rigor, continúa activando la presencia virtuosa del Estado en la economía, que genera más producción, consumo e inversión. Con YPF, y como ya había sucedido con las AFJP, recupera una herramienta clave para el modelo en el mediano y el largo plazo. Entretanto, mantiene la política de ampliación de derechos que ha colocado a la Argentina entre las sociedades más avanzadas, y continúa trabajando para fortalecer la integración de Latinoamérica en un mundo multipolar que tiene a China como protagonista insoslayable.

En ese contexto, los socialistas de la Argentina que han sabido interpretar los nuevos tiempos que viven el país y la región están concretando un paso trascendente: crear la Confederación Socialista Argentina, para unificar sus esfuerzos y experiencias, que hoy comprenden desde la militancia territorial hasta la gestión parlamentaria y ejecutiva. La decisión representa un salto cualitativo en la tarea de impulsar y apuntalar las profundas transformaciones que experimentan la sociedad y la política y recuperar las mejores tradiciones del socialismo, corriente política que perdió el rumbo cuando se alejó de los trabajadores.

Guillermo Wolff