Profundizar los derechos conquistados
Escribe Cecilia Merchán *
Abordar la trata de personas no es solamente enfrentar un delito. Es mucho más que eso. Implica ingresar al macabro terreno del ser humano como mercancía, a la esclavitud y explotación que muchas veces está más naturalizada que la conciencia por la integridad de las personas.
La lucha de Susana Trimarco y de pequeñas organizaciones que durante años instalaron el debate muchas veces en soledad ha sido fundamental para que este delito sea una preocupación social.
Tanto fue así que su historia fue llevada a la ficción en 2008 con la telenovela “Vidas robadas”, que masificó la preocupación y el reconocimiento de la realidad en muchos hogares argentinos. Se empezó a comprender que no era un hecho aislado.
Ese mismo año, se aprobó la ley que tipifica la trata de personas como delito federal y que, pese a ser cuestionada por muchos aspectos, permitió perseguir las redes delictivas más allá de las fronteras provinciales que hasta ese momento representaban una traba para la investigación. Desde entonces, el Poder Ejecutivo Nacional comenzó a tomar en sus manos la persecución del delito a través de sus fuerzas de seguridad, a implementar acciones fundamentales como la creación de la Oficina de Rescate en el Ministerio de Seguridad, la asistencia a las víctimas en el Ministerio de Desarrollo Social, el seguimiento de los movimientos financieros de las redes de trata a través de la AFIP y múltiples campañas de difusión.
Durante varios años, se continuó trabajando en el Congreso de la Nación sobre la modificación de la ley para hacerla más efectiva y fue en 2012, luego del vergonzoso fallo de la “in-justicia” tucumana que absolvió a todos los imputados del caso Marita Verón y que generó el repudio generalizado del conjunto de la sociedad, que se votaron las modificaciones.
Hay que destacar que años atrás un fallo de esas características no hubiera generado la movilización popular ni el rechazo de los medios de comunicación, de las instituciones y de toda la ciudadanía porque no existía la sensibilización suficiente ni se había visibilizado el delito.
El rol del Estado en la prevención del delito, en la persecución de las redes y en el rescate y asistencia a las víctimas es fundamental, como así también su capacidad de articular sus distintos ministerios y organismos y a éstos con el conjunto de la sociedad. Es por eso que recientemente se creó el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas que funciona en el ámbito de Jefatura de Gabinete y que integra el trabajo de los Ministerios de Desarrollo Social, Trabajo, Seguridad y Justicia.
El desafío es visibilizar mucho más el delito, concienciar a la sociedad sobre cómo, dónde y con qué medios operan las mafias, fortalecer la asistencia integral y herramientas de reintegración social de las víctimas para que no vuelvan a caer en manos de los tratantes.
Por eso, la tarea es fortalecer mucho más aún las herramientas del Estado para profundizar los avances y trabajar sobre todo lo que falta, entendiendo que sólo es posible combatir redes tan oscuras con otras redes luminosas que tengan como protagonistas a todos los actores sociales que buscamos una Argentina más justa.
La única manera de acabar con este flagelo es con más organización, con más sensibilización y más articulación de las políticas públicas que derrumbe prejuicios, desbarate complicidades y profundice diariamente los derechos conquistados.
* Coordinadora del Comité Ejecutivo contra la Trata
Jefatura de Gabinete de Ministros
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