Orden patriarcal y violencia cotidiana

Escribe Dora Barrancos

El patriarcado representa en sí mismo un orden violento. El sometimiento de las mujeres está en la base de la violencia, heredada del pasado remoto en que se impuso la jerarquía masculina en todas las culturas. La secundarización de la condición femenina es un fenómeno universal, aunque no hay duda acerca de la variación histórica y social de las formas patriarcales.

Los códigos penales iniciales de nuestras repúblicas facultaban al cónyuge para hacer “justicia” por mano propia por ocasión de hallar a la esposa en fragante situación de infidelidad. El marido podía asesinarla en “defensa del honor” mancillado, y todavía nos debemos investigaciones para desentrañar las ocasiones en que la justicia absolvió a los criminales.

Desde aquella legislación ominosa al presente ha corrido mucha agua. El movimiento feminista —recuperado después del Terrorismo de Estado— emprendió una campaña contra la violencia, situando esta reivindicación entre las primeras de la agenda. Desde entonces, no ha cesado el reclamo por exterminar la calamidad, lo que ha permitido conquistar las primeras leyes nacionales y provinciales que atendieron en primer lugar al orden doméstico. Pero la sanción de la ley 26.485 en 2010 para “prevenir y erradicar” todas las formas de violencia contra las mujeres fue un paso decisivo.

La ley tiene alcances remarcables, ya que se trata de toda y cualquier forma de violencia, privada o pública, aunque hay aspectos que todavía deben ser reglamentados. Subsiste el desconcierto sobre las penalidades que caben para algunas formas de la violencia, y se necesitan, además, estadísticas, en particular acerca de las acciones violentas físicas.

A raíz del recrudecimiento de una de las manifestaciones más aberrantes de injuria, como lo es la trata de mujeres con fines sexuales, se sancionó en 2008 una ley que contenía el grave atasco de hacer lugar al concepto de “consentimiento”, discriminando segmentos de edad, menores y mayores de 18 años. Esgrimir el consentimiento como propio del estado de libertad y libre discernimiento resulta una afrenta, una prolongación del carácter de víctima del “estado de necesidad” que padecen las mujeres entrampadas en redes de prostitución.

La sostenida movilización de Susana Trimarco — cuya hija Marita, como es bien conocido, permanece desparecida tras haber sido secuestrada por traficantes en Tucumán— fue fundamental para obtener la modificación de la ley de trata bajo el número 26. 842 en 2012, cuya reglamentación es reciente. La norma es una de las más destacadas de América Latina, y se ha sostenido que es un ordenamiento que debería ser imitado por el resto de los países de la región. Las acciones de recuperación de jóvenes han dado resultados que merecen ser subrayados —alrededor de ocho mil, gracias a la actuación de los órganos públicos—, pero seguramente apenas se ha rozado la vastedad del sistema de reducción a servidumbre sexual en nuestro país.

Finalmente, aludiré al cambio de la ley penal que ha admitido la figura del “femicidio” — aunque más correcto sería “feminicidio”, término que adaptó con enorme lucidez la destacada feminista mexicana Marcela Lagarde. De acuerdo con la ley 26.791 de 2012, se establece la pena de “reclusión perpetua o prisión perpetua” a quien victime a una mujer por su condición generizada, esto es, porque se trata de una mujer.

Los crímenes contra las mujeres tienen hoy una visibilidad que ni por asomo se apreciaba hace apenas unas décadas. Los crímenes “pasionales” del pasado deben ser interpretados hoy día como crímenes forjados en la idea de la inexorable patrimonialidad del cuerpo femenino que determinó el orden patriarcal. No podemos sostener que el flagelo del feminicidio haya aumentado, pues carecemos de datos que permitan comparar diferentes periodos. Pero tengo la convicción de que aumentó la agencia por los derechos de las mujeres y el reconocimiento de la equidad, que hubo un cambio conceptual y que las sociedades se han puesto muchos menos tolerantes con la violencia contra las mujeres. Lo que antes era “natural” hoy es crimen agravado.