EL DESAFÍO DE ROMPER CON LA HERENCIA PINOCHETISTA

Firme candidata a consagrarse Presidenta en noviembre, la dirigente socialista deberá afrontar las tareas pendientes de la larga transición chilena, que van desde la reforma política a la fractura que divide a la sociedad.

Foto Télam

Tras atravesar exitosamente las primarias del 30 de junio, Michelle Bachelet se encamina a competir como favorita para la presidencia de Chile el próximo 17 de noviembre.

Desde que renunció a su cargo en la agencia ONU Mujeres, y aún antes de confirmar su postulación, todas las encuestas le auguran el triunfo en la primera vuelta contra cualquier candidato oficialista.

El desplome de la derecha culminó el año pasado con las movilizaciones populares, principalmente del movimiento estudiantil, que llevaron al descrédito a la gestión del presidente Sebastián Piñera.

Bachelet llega con una imagen personal que elude el descreimiento popular que sufren los partidos y dirigentes de su país, acentuado por los conflictos sociales que sacudieron a Chile en los últimos años.

Ella no es ajena a esas convulsiones: de hecho, la rebelión estudiantil de 2006 —antesala de las potentes protestas de 2011— estalló bajo su gobierno, que por otra parte respetó aspectos fundamentales del pacto de transición que el pinochetismo impuso al momento de su retirada y que son la base del modelo neoliberal vigente desde entonces.

Con todo, el contraste de su gestión con el de Piñera es tan grande y la crisis de representación del sistema de partidos es tan profunda que el liderazgo personal de Bachelet se contrapone fuertemente con el escaso entusiasmo que suscitan los partidos, tanto oficialistas como opositores. De ahí que ningún otro precandidato esté en condiciones de enfrentarla con éxito.

“Chile tiene hoy una ciudadanía más madura y empoderada. Estamos entrando a un nuevo ciclo político, económico y social”. Con esta frase de campaña, Bachelet aludió a estos cambios, que incluyen el crecimiento y concientización de los movimientos sociales frente a la inmutable brecha de desigualdad. Por eso, regresó con un discurso y una agenda reformista que comienza con el compromiso de saldar —o por lo menos amortizar— la deuda social que la política, sus dirigentes y partidos, tiene con el pueblo chileno. La misma que la propaganda oficial y el establishment nacional e internacional enmascaran, poniendo a Chile como un modelo económico exitoso, pese a la enorme disparidad que fragmenta esa sociedad.

Como parte de esa deuda, asoman particularmente dos cuestiones: la reforma educativa, que Bachelet no abordó en su anterior gestión, dejando subsistir un sistema claramente inequitativo, y la del sistema electoral binominal, creado a la medida de las necesidades del postpinochetismo.

Atenta a la crisis de los partidos tradicionales y a las novedosas dinámicas de acción incorporadas por los chilenos, Bachelet no duda en traspasar los límites partidistas y formular un llamamiento amplio, que parece incluir a las organizaciones populares y sectores posicionados a la izquierda de la coalición opositora. Como lo expresó en su primer discurso, busca construir “una nueva mayoría política y social para llegar juntos a la Presidencia de la República”.

Bachelet asume evidencias imposibles de evadir: el peso aplastante de los servicios de educación y salud en manos de los privados, la estructura impositiva que favorece abiertamente a los ricos y la negación de derechos laborales y sociales hoy imperante. “Sabemos que, a pesar de los indicadores económicos positivos, hay mucha gente que no está contenta. Y hay mucha gente que lo está pasando mal —dijo—. Sabemos que hay un malestar ciudadano bastante transversal. Lo hemos visto en los estudiantes, en su movilización por una educación gratuita y de calidad. Lo hemos visto también en una clase media que se siente excluida y desprotegida.”

En su regreso a la lucha electoral, la candidata advierte que Chile ha cambiado y que “es hoy un país más activo y con mayor conciencia de sus derechos”. Es que los sectores medios, que florecieron con un modelo de crecimiento basado en la expansión de los servicios financieros, las exportaciones primarias y los bajos salarios, ahora sienten en carne propia el costo de “pertenecer” a una estructura económica y social rígida y jerarquizada que regula la distribución del ingreso, de modo tal que, pese a un sostenido crecimiento anual, la desigualdad entre los que menos tienen y una elite privilegiada es enorme y contrasta con las mejoras sustanciales verificadas en otros países del subcontinente.

Cuando Bachelet señala “el enojo justo de los chilenos” frente a lo que llama una “fractura social ética y políticamente inaceptable”, está aludiendo a que la aceptación y naturalización de las desigualdades sociales, que impuso el dictador mediante el terror y que no superaron los gobiernos que lo sucedieron, tocan a su fin, espoleadas por la demanda de sectores sociales cada vez más amplios. Los que ven en ella a la dirigente equilibrada pero firme que apelará a su experiencia sin rehuir los imperativos de la nueva etapa.