LA DEUDA RECLAMADA POR LA TROIKA ES ILEGÍTIMA E INSOSTENIBLE

Una reciente investigación parlamentaria arroja luz sobre las condiciones en que se produjo el endeudamiento y su carácter extorsivo. El dilema es seguir con la lógica destructiva del ajuste o salir de la prisión.

Cinco años después que se iniciaran los programas de ajuste económico en Grecia, la situación no ha hecho más que empeorar. El país está sumido en una crisis humanitaria y ha llegado la hora de decidir: seguir con los ajustes macroeconómicos impuestos por los acreedores o implementar medidas que le permitan salir de la prisión de deuda. El Parlamento Griego ha apostado por la democracia y la responsabilidad social: arrojar luz sobre cómo y porqué se sometió a Grecia al régimen de la Troika y sobre sus impactos en la economía y en la población.

El 17 de junio, la comisión parlamentaria internacional, el Comité de la Verdad sobre la deuda pública griega, hizo público el resumen ejecutivo del informe que han elaborado y que afirma que los programas de ajuste, lejos de ser técnicos, tienen una clara orientación política y que no han mejorado la capacidad del gobierno griego para hacer frente a su deuda. Concluyen que Grecia ni puede ni debe pagar su deuda; una deuda insostenible —y esto era sabido de antemano por los acreedores— y una deuda ilegal, ilegítima y odiosa -puesto que viola los derechos humanos fundamentales ya que su objetivo principal era el rescate de las instituciones financieras. Un dato: más de 90% de los fondos de rescate de los programas de 2010 y 2012 se lo embolsaron los acreedores, no el gobierno griego.

El informe detalla el estado de la deuda pública actual y analiza las causas de su crecimiento desde 1980: el pago de intereses extremadamente altos a acreedores, un excesivo e injustificado gasto militar, la pérdida de ingresos fiscales debido a los flujos ilícitos de capital, la recapitalización estatal de los bancos privados y los desequilibrios internacionales creados a través de las fallos en el diseño de la propia Unión Monetaria y de la adopción del Euro. Así, se destaca que una creciente crisis bancaria contribuyó a la crisis de la deuda soberana griega y que su consecuencia directa ha sido la aceleración del proceso de privatizaciones.

Las condiciones impuestas por los contratos de préstamo y los programas de rescate han conducido a la inviabilidad económica y a la insostenibilidad de la deuda a la que se enfrenta hoy Grecia. Las medidas impuestas han contribuido a hundir el PIB y aumentar el endeudamiento público, pero también han causado cambios dramáticos en la sociedad que han creado la actual crisis humanitaria. Ni Grecia ni sus socios han respetado ni protegido ni promovido los derechos humanos tal y como exigen el derecho interno e internacional.

Sobre la base jurídica y las cuestiones legales que rodean los memorándums y acuerdos de préstamos se afirma que ha habido incumplimiento de los derechos humanos y de la Constitución griega por parte del gobierno griego y de los prestamistas —estados de la zona euro, Comisión Europea, Banco Central Europeo y el FMI. Los acuerdos contienen cláusulas abusivas y muestran mala fe en algunos casos, el FMI prestó a Grecia sabiendo perfectamente que no podría devolver los préstamos sólo para beneficiar a las entidades bancarias. Por tanto, el informe detalla razones por las cuales la deuda soberana griega se debe considerar ilegítima, ilegal y odiosa.

Así pues, el informe plantea algunas bases legales para ejercer el derecho al repudio y a la suspensión de la deuda soberana recogidos en diversos tratados internacionales e incide en las condiciones en que un Estado soberano puede impagar una deuda. Los argumentos legales son los de la mala fe de los acreedores; la preeminencia de los derechos humanos; la coacción; las cláusulas abusivas que violan flagrantemente la soberanía griega y su Constitución; el derecho a que un Estado tome contramedidas contra los actos ilegales e ilegítimos por parte de sus acreedores que violan la autodeterminación económica y los derechos humanos fundamentales; y el derecho legal de invocar el Estado de necesidad en situaciones excepcionales a fin de salvaguardar los intereses esenciales amenazados por un peligro grave e inminente.

En otras palabras, la comisión abre la puerta a que Grecia sea dispensada del cumplimiento de préstamos pendientes, que unilateralmente se declare insolvente de una deuda que es a todas luces insostenible, sin que esto acarree ninguna carga de responsabilidad. Grecia ha sido objeto de un ataque premeditado con el fin de convertir deuda privada en pública y se recomienda salir de la lógica destructiva de la austeridad y defender lo que está en peligro hoy en día: los derechos humanos, la democracia, la dignidad de los pueblos, y el futuro de las generaciones venideras.

Javier Lechón y Sònia Farré
Miembros de la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda.
Publicada originalmente en Público.es, 18.06.15