VIOLENCIA INSTITUCIONAL EN LOS ESTADOS UNIDOS

Un nuevo episodio de racismo policial, que generó la muerte de un hombre negro cuyo único delito consistió en vender cigarrillos sueltos, es analizado por dos periodistas y el director de una organización por los derechos civiles.

El caso de Eric Garner: un resultado repugnante

Eugene Robinson *

“No puedo respirar”.

Esas fueron las últimas palabras de Eric Garner, y hoy me las aplico yo. La decisión de un gran jurado de no imputar al agente de policía que le mató me deja sin aliento.

En la deprimente serie de telerrealidad que debería titularse “No es país para hombres negros”, este nauseabundo giro de la trama ha resultado escandaloso hasta lo increíble. Debería haber habido, a mi parecer, imputación en el caso de Ferguson, pero al menos los hechos que llevaron a la muerte violenta de Michael Brown suscitaban dudas. El homicidio de Garner se grabó en video. Vimos cómo se ahogaba, le oímos implorar sufriendo, contemplamos cómo no se hacía ningún intento de reanimarlo y se le escapaba la vida.

Esta vez había millones, literalmente, de testigos oculares. Que alguien me diga, solo sea en teoría, ¿cuántos hacen falta? ¿Hay alguna cifra que sea suficiente? ¿O no es más que una broma cruel todo esto de “igual justicia ante la Ley”?

A los hombres afroamericanos se les está enseñando una lección acerca de cómo esta sociedad valora, o devalúa, nuestras vidas. Siempre he dicho que la noción de que el racismo es una cosa del pasado era absurda, y que quienes abrazaban el mito “post-racial” eran o bien ingenuos o insinceros. Ahora vemos, trágicamente, por qué.

Garner era un afroamericano de 43 años. El 17 de julio cometió el atroz crimen de vender cigarrillos sueltos en la calle. Un grupo de agentes de la policía neoyorquina se le acercó y le rodeó. Tal como se ve en la grabación de teléfono de móvil de un espectador, a Garner le desconcertó que pareciera que los agentes se lo llevaban arrestado por una falta tan nimia. Era un tipo grandulón, pero en ningún momento golpeó a los agentes ni se mostró irrespetuoso.

Pero no había adoptado una postura sumisa todo lo aprisa que los polis querían. El agente Daniel Pantaleo le hizo una llave de ahogamiento, oprimiéndole la tráquea, maniobra que el Departamento de Policía de Nueva York prohibió hace ya dos décadas. Garner se quejó repetidas veces de que tenía dificultades para respirar. Los agentes lo derribaron sobre la acera, donde murió. Se llamó a un equipo médico de emergencia, pero los agentes no hicieron ningún intento inmediato de reanimarlo.

El forense determinó que la muerte de Garner fue homicidio. Sufría de asma y la llave de estrangulamiento del agente Pantaleo le mató.

El fiscal de Staten Island presentó a un gran jurado pruebas en contra de Pantaleo; a los demás agentes implicados en el incidente se les otorgó inmunidad a cambio de su testimonio. El miércoles se anunció que el gran jurado había desestimado imputar a Pantaleo por cualquier cargo.

Esta parodia —no hay otra palabra para ello— llegó solo nueve días después de que un gran jurado del condado de San Luis denegara la imputación del agente Darren Wilson por la muerte de Brown. Los manifestantes se echaron a la calle en Manhattan. ¿Qué otra cosa se podía hacer más que protestar? Dejemos las pancartas que dicen “Manos arriba, no disparen”. Saquemos las que rezan “No puedo respirar”.

Hay en esto dos cuestiones importantes. Una se refiere a las excesivas autorizaciones que otorgamos a la policía: permiso, en lo esencial, para hacer lo que quiera con el fin de garantizar calles seguras. Está claro que el péndulo ha ido demasiado lejos del lado de la Ley-y-orden y a expensas de la libertad y la justicia.

Como he escrito en otro artículo, estamos tan habituados a tiroteos mortales causados por agentes de policía que ya no hacemos siquiera un esfuerzo serio por contarlos; el caso de Michael Brown ilustra esta insensibilidad ante el uso de una fuerza mortífera. La muerte de Garner forma parte de una tendencia distinta: la teoría de las “ventanas rotas” en la vigilancia policial, que sostiene que aplicar mano dura a perjuicios menores —como vender cigarrillos sueltos— resulta clave a la hora de reducir delitos graves.

Se supone que los agentes de policía, cuya valerosa labor honro y respeto, están para servir a la comunidad, no para dominarla.

La otra gran cuestión, incuestionablemente, es la raza. El mayor daño de los casos de Brown y Garner es que los grandes jurados analizaron las pruebas y decidieron que no había causa probable —un baremo muy bajo— como para creer que los agentes hicieran nada incorrecto. Me parece imposible creer que este sería el resultado si las víctimas hubieran sido blancas.

Garner ni siquiera entraba en la categoría de “joven varón negro”, que define a los ciudadanos más temidos y aborrecidos del país. Era un hombre obeso, de edad mediana, asmático. Ahora nos dicen que el hombre que le mató no hizo nada incorrecto.

Eric Garner se dedicaba a una actividad que no justificaba más que un apercibimiento para que circulara. Pero reconozco que cometió también un delito capital: era del color equivocado.

* Comentarista político de televisión y periodista del diario The Washington Post, en el que escribe una columna de opinión por la que ganó el Premio Pullitzer en 2008. Es afroamericano y nación en Carolina del Sur en 1955. 

Publicado originalmente en The Washington Post.

Sin imputación, no hay justicia para Eric Garner

Jonathan Capehart **

Un productor acaba de preguntarme qué “dice acerca del estado de la justicia respecto a los negros en Norteamérica” la decisión de no imputar al agente de policía de Nueva York por la muerte de Eric Garner causada por una llave de ahogamiento. Les diré lo que le comenté. Aparentemente, no hay justicia porque eso implicaría un juicio con jurado. La decisión de no imputar impide incluso eso.

El agente Daniel Pantaleo violó la política del departamento de policía al recurrir a una llave de ahogamiento con Garner, que estaba siendo detenido por vender cigarrillos sueltos. El encuentro se grabó completo en vídeo. Una espeluznante escena en la que se puede oír a un Garner desarmado decir una y otra vez “No puedo respirar”. El médico forense declaró que la llave de estrangulamiento contribuyó a la muerte de Garner, que se consideró como homicidio. Pese a ello, un gran jurado optó por no imputar a Pantaleo.

Pues bien, retengamos una cosa. Un procedimiento de gran jurado no es un juicio con jurado. No hay interrogatorios ni se determinan hechos. Una imputación a cargo de un gran jurado permite simplemente que la acusación lleve a juicio a alguien sospechoso de un delito. En un juicio con jurado, en el que el procedimiento probatorio es más elevado, en el que la naturaleza antagonista de la defensa y la acusación se desarrolla ante un jurado y con interrogatorios prolongados y brutales, es donde se imparte justicia. A los presuntos sospechosos se les considera sujetos a responsabilidad en un tribunal penal por un jurado de iguales con un veredicto de inocencia o culpabilidad. Pudiera ser que a los norteamericanos no les gustase el veredicto, pero confían en esta parte del sistema. El juicio con jurado apuntala su fe en el sistema de justicia penal en su conjunto. La decisión del gran jurado de no proceder a imputación en el caso de la muerte de Garner socava gravemente esa fe.

Lo que pasó hoy demuestra que no puede haber justicia para Garner, o para cualquier otro, sobre todo si es afroamericano, que pueda encontrarse en trágicas circunstancias semejantes.

** Conocido periodista afroamericano de prensa escrita y televisión, nacido en 1967. Desde 2007, es columnista de The Washington Post. 

Publicado originalmente en The Washington Post.

El verdadero problema de Ferguson, Nueva York
y toda Norteamérica es el racismo institucional

Vincent Warren ***

Tras la estela de protestas que siguieron a la negativa a imputar a Darren Wilson por el asesinato de Michael Brown, el presidente Obama se reunió el lunes con dirigentes de derechos civiles y, separadamente, con un grupo de jóvenes líderes activistas y declaró que la tarea inmediata consiste en iniciar un “diálogo sostenido” que encare la “hirviente desconfianza que existe entre demasiados departamentos de policía y demasiadas comunidades de color”.

Dos días después, un gran jurado de la ciudad de Nueva York rechazó imputar al policía blanco cuya llave de estrangulamiento mató a Eric Garner mientras los transeúntes grababan el incidente. “No vamos a cejar hasta que veamos un fortalecimiento de la confianza y un refuerzo de la transparencia”, declaró el miércoles [3 de diciembre] el presidente Obama.

Los varones negros no mueren a manos de policías (principalmente) blancos —ni quedan estos agentes excusados de responsabilidad legal —debido a una desconfianza mutua entre la gente de tez negra y morena y las fuerzas del orden. Sugerir esto confunde, sencilla, y acaso deliberadamente, el síntoma con la enfermedad.

La confianza, o la falta de ésta, se basa en la experiencia vivida, y son las acciones de los cuerpos policiales en las comunidades de color las que han erosionado la confianza de los norteamericanos negros y morenos. Presentar la situación como desconfianza mutua no sólo obscurece las causas específicas de esa desconfianza: da a entender que todo el mundo es igualmente responsable del problema. La apelación al “diálogo” como solución refuerza entonces esta idea de que los legítimos problemas con las fuerzas del orden enunciados por comunidades de las minorías no son en realidad más que un gran malentendido.

Nuestros dirigentes políticos no deberían empezar por ofrecer soluciones a un problema, si no pueden siquiera darle nombre: el racismo institucional, sistémico existe entre las fuerzas de seguridad policiales a lo largo y ancho de este país.

“El poder no concede nada sin que se lo exijas”, declaró, según es fama, Frederick Douglass. “Los que manifiestan estar a favor de la libertad y desprecian, sin embargo, la agitación, son hombres que quieren cosechar sin haber arado el terreno".

Desde los fiscales y grandes jurados de Ferguson y Staten Island [Nueva York] a las salas del Congreso – donde ideas para la reforma como la ley para acabar con la evaluación por perfil racial [End Racial Profiling Act] o la ley para detener la militarización de las fuerzas del orden han acabado en dique seco – a miles de lugares entremedias, nuestras instituciones gubernamentales se han mostrado en buena medida indiferentes a las exigencias de verdaderas reformas estructurales. De modo semejante a las protestas prodemocráticas de Hong Kong, las protestas de base en Misuri y New York, así como a lo largo y ancho del país —entre ellas los cientos de acciones de desobediencia civil, los paros y el bloqueo de puentes y carreteras— son los motores del cambio, y los organizadores comunitarios y de base son los que proporcionan las soluciones concretas al problema.

“Como jóvenes de color que se ven a menudo criminalizados simplemente por existir", explicó Philip Agnew, director ejecutivo de Defensores del Sueño (Dream Defenders), “los expertos en cómo tratan las fuerzas del orden a nuestras respectivas comunidades somos nosotros. Hemos aceptado la invitación del presidente para poder presentar nuestro conocimiento experimentado y los cambios de política que se necesitan”.

Ferguson Action, una coalición nacional cada vez más nutrida de grupos de activistas de las comunidades afectadas, dispone ya de una propuesta nacional repleta de las reformas que se precisan, que incluya: un análisis federal totalizador de los abusos policiales a cargo del Departamento de Justicia; desarrollo de criterios para determinar el uso de la fuerza y recomendaciones de formación; recurso a fondos del Departamento de Justicia para apoyar y aplicar mecanismos de vigilancia comunitaria; retirada de fondos a aquellos departamentos implicados en prácticas discriminatorias y desmilitarización de los departamentos de policía municipal.

Necesitamos también una base de datos pública y nacional de las muertes a manos de la policía. Los datos constituyen una potente herramienta, pero son útiles solamente si se conocen, se documentan y están a disposición pública. Cuando el Centro de Derechos Constitucionales llegó a un acuerdo en el caso que presentamos contra la ciudad de Nueva York por la política de detención y cacheo tras el asesinato de Amadou Diallo, se exigió al Departamento de Policía de Nueva York que en adelante recogiera y nos proporcionara información sobre las detenciones que realizaba.

La década de datos resultante mostró de modo concluyente los que los neoyorquinos negros y morenos saben ya por experiencia: los agentes detienen en número desproporcionado a gente de color y los paran sin motivo y con mayor uso de la fuerza. Los datos nos permitieron presentar una segunda demanda contra el programa de detención y cacheo, y un juez federal decretó que violaba la decimocuarta y la cuarta enmienda de la Constitución de los EE.UU. y la Ley de Derechos Civiles. El juez ordenó también un amplio conjunto de medidas, entre ellas un programa piloto para para probar el uso de cámaras incorporadas a los agentes (que es una de las reformas sugeridas por el presidente tras lo ocurrido en Ferguson).

Ese deseo de más datos y pruebas presuntamente indiscutibles – así como la esperanza de que los registros visuales puedan suponer un freno a la violencia y acoso policiales – ha conducido a muchas peticiones para que en todo el país los agentes incorporen cámaras a su equipo. Los estudios sugieren que se produce un descenso espectacular en los casos de abusos cuando los agentes llevan adosadas cámaras.

Pero no basta con prender una cámara en la solapa de todo policía. En primer lugar, hemos de responder algunas preguntas importantes; ¿Quién tendrá acceso a los datos? ¿Cuándo? ¿Cómo se pueden utilizar, y por parte de quién? ¿Dónde se almacenan, durante cuánto tiempo? Las comunidades necesitan tener la seguridad de que utilizamos la capacidad técnica para reunir datos destinados a la responsabilidad y transparencia, no como nueva forma de violar la intimidad y las libertades civiles.

Por último, las comunidades afectadas – y los jóvenes de color, en particular – deben estar en el centro de este proceso de idear soluciones de reforma. El corazón de la reforma encargada después de que ganáramos el caso de "detener y cachear" es un proceso correctivo conjunto que reúne a miembros de la comunidad y otras partes para discutir las verdaderas reformas en su ejecución y transparencia.

Un modelo semejante fue el que se empleó en Cincinatti hace cosa de una década, después de que a ciudad se viera sacudida por un aluvión de demandas por muertes arbitrarias, el toque de queda en toda la ciudad, un boicot, una investigación del Departamento de Justicia y el verano más violento de su historia urbana reciente. Reunir a todos estos grupos en torno a una mesa tuvo como resultado el descenso de detenciones racialmente discriminatorias y del número de quejas ciudadanas y una percepción mayor por parte de los habitantes negros de la justicia y profesionalismo del departamento de policía de Cincinatti.

Los procesos de reforma radicados en comunidades en Cincinatti y ahora iniciados en Nueva York son los modelos a seguir. Pero hemos de reconocer que necesitamos bastante más que diálogo, y ahora mismo, las protestas están ejerciendo la presión que hará posible reformas reales.

Las protestas son la vía a la reforma.

*** Director ejecutivo del Centro de Derechos Constitucionales (Center for Constitutional Rights) estadounidense, una organización no gubernamental fundada en 1966 por abogados que luchaban por los derechos civiles en ese país.

Publicado originalmente en The Guardian.

Las tres columnas fueron reunidas como dossier por el sitio Sinpermiso.