APORTES A LA DISCUSIÓN DE LA AGENDA DE GOBIERNO

Convocados por el espacio que agrupa a las fuerzas políticas y sociales que respaldan al proceso que encabeza Cristina Fernández de Kirchner, cerca de diez mil militantes, dirigentes y funcionarios participaron a fin de febrero de un encuentro sobre políticas públicas. El temario abordó propuestas sobre seguridad; educación, ciencia y tecnología; cultura, comunicación y ley de Medios; juventud, género e igualdad; gestiones locales; ambiente y desarrollo sustentable; obras públicas; tierra y hábitat; justicia y derechos humanos; producción, trabajo y economía solidaria, entre otros. Jorge Rivas y Guillermo F. Torremare, dirigentes de la Confederación Socialista, participaron con sendas intervenciones sobre seguridad democrática y democratización de la justicia, que se reproducen aquí.

El tema no se agota con las muy buenas propuestas legislativas impulsadas por la Presidenta de la Nación. Por su iniciativa, estamos ante el gigantesco desafío de repensar íntegramente lo judicial. De imaginar, meditar y estructurar, desde la política, un modelo de Poder Judicial nuevo, acorde a las necesidades de un Estado democrático en el que los Tratados Internacionales de Derechos Humanos son la ley suprema de la Nación.

La tarea es novedosa. La historia no nos muestra antecedentes valiosos a los cuales atenernos. Los cambios de gobiernos a lo largo del siglo XX en el país se limitaron a destituir a los magistrados actuantes en el régimen anterior y suplantarlos por amigos subordinables. Siempre fue así.

Por ello, no puede llamar la atención que los miembros del Poder Judicial nombrado por los dictadores del ’76, salvo honrosas excepciones, acompañaran el Terrorismo de Estado posibilitando, sea por acción o por omisión, el genocidio. El primer gobierno de la etapa democrática iniciada en 1983, quizá asediado por otros urgentes problemas, atinó a nombrar una nueva Corte Suprema, pero no mucho más. Así como propició el ascenso de no pocos militares que luego se descubrirían como autores de crímenes de lesa humanidad, ratificó en sus cargos a la inmensa mayoría de los jueces de la dictadura. Esta situación, también con alguna excepción que confirma la regla, se replicó en todas las provincias. Las autoridades de entonces, en una mezcla de ingenuidad e impericia, dejaron que el servicio de administración de justicia continuara mayoritariamente en las mismas manos que lo había degradado, manos que no sólo suscriben sentencias sino también nombran todo el personal del órgano en el que estén a cargo, entre ellos los secretarios que luego se postularán para jueces, generando así su sucesión y con ella la reproducción del sistema siempre igual a sí mismo.

El lento recambio natural producido a partir del nombramiento de jueces, sea para cubrir cargos recién creados u ocupar los dejados vacantes, no modificó la matriz de pensamiento vertical y autoritario, hegemónico en el Poder Judicial. Tanto en la Nación como en las provincias, durante los quince años transcurridos entre la recuperación democrática y la puesta en marcha de nuevos mecanismos de ingreso a la función judicial a partir de la aparición de los Consejos de la Magistratura, los jueces fueron designados sin otro requisito que la aprobación del titular del Ejecutivo. El padrinazgo de algún personaje cercano al poder fue el único elemento que se requirió para ser juez. El funcionamiento de estos nuevos organismos, previsto en la Constitución nacional luego de la reforma del ‘94 y en varias provinciales, mejoró ostensiblemente el proceso de selección de postulantes, pero aún está lejos de garantizar la elección de los mejores.

En el mientras tanto, en aquellos temas en que el interés político ha estado en juego, el Judicial ha funcionado como un apéndice gelatinoso de la estructura de gobierno, resolviendo casos de conformidad a los vientos del momento, porque si algo ha sabido cuidar es su propia sobrevivencia. Así, un mismo reclamo —por ejemplo, una demanda de un obrero contra una empresa a partir de algún tipo de infortunio del trabajo— resultaba procedente en el ‘74, rechazable en el ‘77, procedente en el ‘85, rechazable en el ‘91, procedente en el ‘06. Idéntico zigzagueo jurisprudencial podría verificarse si se piensa en otros temas, como excarcelaciones o tenencia de marihuana para consumo personal. Con razón, en El desgobierno judicial, Alejandro Nieto ha dicho que “la Justicia no es sino la continuación de la lucha política en otro ámbito y con otros medios”. Todo lo contrario a la siempre pedida seguridad jurídica.

El desafío de repensar lo judicial es complejo, entre otras cosas porque debe partir del reconocimiento de una realidad que, como Jano, tiene dos caras. Una que exhibe a una importante cantidad de magistrados y funcionarios reclutados en la forma que hemos dicho, que ejercen de módicos señores feudales dentro de sus juzgados y cuya actividad es inescrutable, poco menos que secreta e indifundible. La otra cara sensatamente advierte que sin Poder Judicial fuerte e independiente no puede haber protección de derechos ni reglas de convivencia. Y la existencia de un Poder Judicial así sólo puede ser garantizada por jueces preparados y comprometidos, en los que las personas confíen.

En el mientras tanto, en aquellos temas en que el interés político ha estado en juego, el Judicial ha funcionado como un apéndice gelatinoso de la estructura de gobierno, resolviendo casos de conformidad a los vientos del momento, porque si algo ha sabido cuidar es su propia sobrevivencia. Así, un mismo reclamo —por ejemplo, una demanda de un obrero contra una empresa a partir de algún tipo de infortunio del trabajo— resultaba procedente en el ‘74, rechazable en el ‘77, procedente en el ‘85, rechazable en el ‘91, procedente en el ‘06. Idéntico zigzagueo jurisprudencial podría verificarse si se piensa en otros temas, como excarcelaciones o tenencia de marihuana para consumo personal.

Con razón, en El desgobierno judicial, Alejandro Nieto ha dicho que “la Justicia no es sino la continuación de la lucha política en otro ámbito y con otros medios”. Todo lo contrario a la siempre pedida seguridad jurídica. El desafío de repensar lo judicial es complejo, entre otras cosas porque debe partir del reconocimiento de una realidad que, como Jano, tiene dos caras. Una que exhibe a una importante cantidad de magistrados y funcionarios reclutados en la forma que hemos dicho, que ejercen de módicos señores feudales dentro de sus juzgados y cuya actividad es inescrutable, poco menos que secreta e indifundible. La otra cara sensatamente advierte que sin Poder Judicial fuerte e independiente no puede haber protección de derechos ni reglas de convivencia. Y la existencia de un Poder Judicial así sólo puede ser garantizada por jueces preparados y comprometidos, en los que las personas confíen.

Con razón, en El desgobierno judicial, Alejandro Nieto ha dicho que “la Justicia no es sino la continuación de la lucha política en otro ámbito y con otros medios”. Todo lo contrario a la siempre pedida seguridad jurídica. El desafío de repensar lo judicial es complejo, entre otras cosas porque debe partir del reconocimiento de una realidad que, como Jano, tiene dos caras. Una que exhibe a una importante cantidad de magistrados y funcionarios reclutados en la forma que hemos dicho, que ejercen de módicos señores feudales dentro de sus juzgados y cuya actividad es inescrutable, poco menos que secreta e indifundible. La otra cara sensatamente advierte que sin Poder Judicial fuerte e independiente no puede haber protección de derechos ni reglas de convivencia. Y la existencia de un Poder Judicial así sólo puede ser garantizada por jueces preparados y comprometidos, en los que las personas confíen.

Sólo jueces con esas condiciones, consustanciados con la democracia y conocedores de los problemas sociales, alejados del modelo que los piensa como meros aplicadores de reglas de juego neutras de valor, tendrán la necesaria garantía de la confianza social para el cumplimiento de su misión. Sería ingenuo pensar que el dictado de sentencias alcanzará para resolver integralmente aquellos problemas, pero su comprensión le dará sentido a sus decisiones y legitimidad a su función.

Por Guillermo F. Torremare