JUICIOS CONTRA EL TERRORISMO DE ESTADO

Balance con cuentas pendientes

e acuerdo con la Unidad Fiscal que sigue las causas, hay 875 procesados y 292 condenados por crímenes cometidos por el Terrorismo de Estado. Son 13 los juicios en marcha y en breve se fijará la fecha de inicio de otros 8.

A pesar de los notables avances que se produjeron desde la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, aún persisten situaciones que preocupan a familiares, sobrevivientes y organismos, como la lentitud con que la Cámara Nacional de Casación Penal revisa las sentencias. Hasta el momento, sólo hay 43 condenas firmes. Además, la fragmentación de las causas podría determinar que el juzgamiento de todos los involucrados —militares y civiles— se extienda por 20 años más. Mientras tanto, el reloj biológico avanza tanto para los imputados como para las víctimas. Reconocidos asesinos y torturadores han muerto sin condena, e incluso sin procesamiento. Muchos familiares y ex detenidos, por su parte, tampoco pudieron ser compensados en vida con la acción reparadora de la Justicia.

A pesar de las disposiciones giradas por Casación en febrero último, todavía hay lastres que obstaculizan la dinámica de las audiencias. Los tribunales aplican distintos parámetros para la sanción de delitos que desde el Juicio a las Juntas han sido probados y enmarcados como parte de un plan sistemático. Inclusive, no hay consenso respecto de acusar por homicidio o por privación ilegal de la libertad y tormentos. Sin embargo, en la megacausa ESMA, se aceptó la figura de homicidio en el caso de Rodolfo Walsh, aunque el cuerpo nunca fue restituido a sus familiares. Asimismo, la figura del “traslado” sigue siendo objeto de chicanas por parte de las defensas, aunque desde la llamada “Causa 13” se estableció que era un eufemismo con el que los militares se referían a la ejecución de prisioneros.

A favor, hay que mencionar que el impulso brindado por el Gobierno a los juicios y a las políticas públicas de derechos humanos a partir de 2003 creó condiciones favorables para una nueva dinámica. Entre los logros más significativos, pueden mencionarse la inclusión de la violencia sexual como práctica sistemática del plan represivo y el avance en el juzgamiento de los cómplices civiles.

En tal sentido, hay que destacar la apertura de una investigación sobre la responsabilidad de la empresa Loma Negra en el secuestro y asesinato del abogado laboralista Carlos Moreno, el allanamiento de las oficinas del Ingenio Ledesma, la imputación a Pedro Blaquier por privaciones ilegítimas de la libertad y la inspección ocular en la planta Ford, donde se denunció la existencia de un centro clandestino de detención. Las investigaciones acerca del compromiso de la iglesia católica con los militares sigue siendo una asignatura pendiente.

María Rosa Gómez
Coordinadora del área de Investigación del Instituto Espacio para la Memoria


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