EL PAPEL IDEOLÓGICO Y POLÍTICO DE LOS GRANDES MEDIOS

Al servicio de la contrarreforma

Mientras se juega la transición desde el neoliberalismo hacia sociedades más justas, la prensa hegemónica ha asumido la tarea de articular la adhesión a la orientación política y social que proponen las clases dominantes.

Al servicio de la contrarreforma
Los medios hegemónicos marcan la agenda de los candidatos, dictan los discursos y definen las tácticas electorales.

Foto Télam

En las recientes elecciones primarias, los candidatos de las derechas contaron con el formidable aparato de agitación y propaganda que conforman, principalmente, los diarios de negocios Clarín y La Nación y los medios audiovisuales conexos, cuya campaña no se atiene a los tiempos que marca la legislación electoral sino que es la prolongación de la violenta enemistad, económica, política e ideológica que sostienen desde hace varios años con el Gobierno. Ellos marcan la agenda de los candidatos, dictan los discursos y definen las tácticas electorales.

Algunos columnistas de opinión de esos diarios, como Beatriz Sarlo o Eduardo Fidanza, han señalado la vacuidad de los discursos de los principales candidatos opositores, lo que es sorprendente dado que ese vacío político e ideológico responde a la orientación que los mismos medios le imprimen a la lucha política. Ocurre que, desde la bancarrota del catecismo neoliberal y la reversión en la Argentina de algunos de sus pilares fundamentales, como la privatización de los fondos previsionales, las derechas se han visto forzadas a esconder sus propuestas más piantavotos (las que involucran la redistribución del ingreso) y vuelven a los eternos tópicos de la inseguridad ciudadana, el republicanismo abstracto y el reclamo de conciliación entre todos los sectores, además, claro está, de las metáforas poéticas sobre el “clima de inversión”.

Aunque estas consignas tampoco son inocentes, sirven para ornar las otras, las decisivas, que proponen el regreso al endeudamiento externo en condiciones leoninas, la desfinanciación del Estado a través de la baja de impuestos y retenciones, la reducción masiva de los salarios vía devaluación y, en suma, el retorno al sometimiento de las variables económicas al ritmo de la especulación financiera.

Luego de una década de neoliberalismo, en la que eran más importantes los ministros de economía que los presidentes, las nuevas configuraciones político-sociales refundaron el debate público al colocar la política en un lugar central, incluyendo en ellas al conjunto de las políticas públicas. La economía pasó así a ser reconocida como lo que es: una ciencia política que trata de la relación entre los hombres y no entre los hombres y las cosas, como advirtió Marx. De tal manera, se hizo visible su articulación con todas las decisiones de gobierno, precisamente uno de los puntos más velados por el neoliberalismo que, entre otras cosas, se empeña en mostrar al “mercado” como una suerte de fenómeno natural, cuyo comportamiento y sus inexorables consecuencias son ajenos a cualquier voluntad humana y al que, por lo tanto, los gobiernos no deben irritar so pena de afectar la gobernabilidad. Esto es, como un poder situado más allá de toda voluntad popular, como sucede con el papel de los bancos en la Unión Europea. (Y aquí, entre nosotros, ¿no acaba de decir Lavagna, hablando como massista recienvenido, que el Gobierno debiera acatar la decisión de los mercados, que según él ya devaluaron la moneda local?)

De manera mucho más sencilla y práctica, la Presidenta fue al fondo del asunto cuando desafió a los dirigentes de la oposición, pero sobre todo a sus mandantes, a explicitar qué harían con el gobierno en caso de que lo obtuvieran, que es lo mismo que decir qué harían con la economía y con el destino de la gente, enfatizando el sentido reparatorio e igualitario que ha tenido la política económica en esta década, donde la búsqueda de los equilibrios macroeconómicos dejaron de responder a la lógica rentística-financiera, es decir, a la rapacidad de los sectores más concentrados del capital, y se orientaron a una redistribución más justa de la riqueza, lo que sólo pudo hacerse disputando palmo a palmo y en todos los terrenos, desde los tópicos económicos más pedestres hasta las representaciones culturales e ideológicas más profundas.

En un texto reciente, Horacio González señaló que la sociedad civil son los conglomerados de prensa. Semejante afirmación colisiona con la teoría política clásica, que concibió siempre a la sociedad civil como un conjunto de ciudadanos organizados libremente para defender sus derechos de manera independiente del Estado (sociedad política) y de los partidos. Según esta concepción, la sociedad civil está compuesta por organizaciones, fundaciones y asociaciones sin fines de lucro, colegios profesionales, comunidades religiosas, escuelas, sindicatos, medios de prensa, que conforman un ámbito diverso en el que se expresan las distintas opiniones y puntos de vista sobre los asuntos públicos. En cambio, la afirmación de González remite rectamente a Gramsci, para quien la sociedad civil es la arena en que confrontan estas instituciones en tanto ellas son los soportes materiales de las ideologías que sustentan y difunden las clases sociales en pugna. La función de la mayoría de estas instituciones —y sobre todo de las más poderosas— es articular el consenso y la adhesión a la orientación política y social que proponen las clases dominantes.

Nunca estuvo más claro ese rol como en estos tiempos en que, al menos en nuestros países, se juega la transición de la etapa neoliberal y del fundamentalismo de mercado hacia sociedades más justas y humanas. Y en este contexto, la bancarrota de las fuerzas armadas como garantía última de sometimiento de las clases desposeídas dejó a los grandes medios de comunicación social el comando de la contrarreforma de los procesos populares de masas, que se ejerce con una feroz virulencia. Es que la violencia y la coerción moral y cultural son parte constitutiva del neoliberalismo, que cualquiera sea el grado de consenso social que alcance necesita de un Estado en que la violencia de clase esté siempre en acto, tal como se ve en la gestión, por ejemplo, de la Ciudad de Buenos Aires.

En la era de los mercados, el poder busca legitimarse a través de los mecanismos formales de la democracia; pero, cualquiera sea el grado de consenso que alcance, se apoya siempre, por una parte, en el temor y la discriminación, y por la otra, en la represión lisa y llana, como sucede en Europa y Medio Oriente. Por eso, las expresiones culturales más enconadas que acompañan los cacerolazos de la clase media y alta, como los insultos a la Presidenta y las descalificaciones racistas de los beneficiarios de las políticas de reparación social, no son otra cosa que la exteriorización violenta del odio de clase que late en el fondo de sectores de la sociedad y que La Nación y Clarín expresan diariamente en tanto constituye la esencia de su política editorial. Se trata del correlato imprescindible, en el mundo de las representaciones ideológicas, de la depredación económica y social del capital financiero.

Dardo Castro


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